En medio de críticas de senadores de oposición, el Senado de la República avaló el decreto que expide la nueva Ley General de Seguridad Privada.
Con 57 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde a la nueva ley, que regulará las actividades de las empresas dedicadas a la seguridad privada, el traslado de valores, la custodia de personas y la operación de sistemas de seguridad.
El objetivo es crear un marco normativo para las más de seis mil empresas que operan en nuestro país, a través de la distribución de competencias entre la federación y los estados y el establecimiento de una Autorización Única.
En este sentido, establece que los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo bajo los principios de legalidad, objetividad, honradez y respeto a los derechos humanos.
Desde la tribuna, la senadora del PT-Morena, Dolores Padierna, se pronunció en contra del dictamen, ya que, dijo, la nueva ley representa una claudicación del Estado y la privatización de los servicios de seguridad.
No obstante, el senador por el PRI, Teófilo Torres Corzo, aclaró que esto no representa una claudicación. De lo que se trata, dijo, es de regular las actividades de las empresas privadas para auxiliar la función de seguridad pública.
Finalmente, el senador por el PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, resaltó que esta ley permitirá quitar una carga al Estados, que, dijo, no ha podido garantizar la seguridad de miles de ciudadanos.
El dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados, señala que en nuestro país operan 3 mil 640 empresas de seguridad privada debidamente acreditadas, pero 2 mil 300 de las que se tiene conocimiento operan sin registro ni personal certificado.