En la Cámara de Diputados continúan las protestas de los asesores que serán despedidos de manera anticipada.
Un grupo de empleados de honorarios se congregó en la plaza central del recinto, donde desplegaron cartones en los que caracterizaron al Secretario General de la Cámara, Mauricio Farah, como una rata, cargando una bolsa color amarillo con el signo de pesos.
“Mauricio Farah Gebara es quién engañó a la JUCOPO”, decían los carteles que mostraron al momento de manifestarse.
Los manifestantes indicaron que no cederán en las demandas de culminar sus contratos hasta el 31 de agosto, como originalmente estaba previsto; recibir sus pagos completos; obtener un finiquito formal; no a las represalias para quienes se contratarán en la siguiente Legislatura; y revisión a futuro, del monto de sus salarios.
“Hay la inquietud y la demanda de que, a los que continuemos en la siguiente Legislatura se nos siga dando ISSSTE y no se nos haga esperando un año. Que venga una actualización salarial porque tenemos básicamente 12 años sin que se ajuste nuestro salario, venimos ganando exactamente lo mismo, y finalmente que no haya represalias porque desafortunadamente hay amigos que ya no están queriendo participar porque están señalados con, están amenazados”, detalló el asesor Gerardo Larrauri.
Tras agradecer los pronunciamientos a favor, por parte de algunos diputados federales durante la sesión de este martes 24, indicaron que en la reunión sostenida con personal de Recursos Humanos no hubo avances.
Se les dijo que el cese anticipado invariablemente aplicará a partir del 31 de mayo, por lo que los diputados, comisiones y comités se quedarán sin asesores y sin personal de apoyo.
También se les indicó que jurídicamente, no son empleados de la Cámara, por lo que ésta no puede asumir mayores compromisos contractuales ellos; asimismo, se les ofreció turnar su pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política.
Añadieron que de acuerdo con sus abogados, los asesores y empleados de honorarios asimilados a salarios sí tienen una relación formal de trabajo con la Cámara y así lo reconocen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, contrario a lo que expresó el Secretario General.
Manifestaron que su intención es no afectar el desarrollo de la vida parlamentaria, por lo que actuarán con el mayor de los respetos al recinto, pero no dejarán a un lado demandas.
Respecto a la posición de la Secretaría General de la Cámara, que rechazó cualquier obligación legal con los trabajadores de honorarios, indicaron que es lamentable, por tratarse de un asunto de derechos sujeto a las leyes laborales vigentes, no a la consideración de los funcionarios de San Lázaro.
Reconocieron que si la Junta de Coordinación Política reconsidera el despido anticipado, la Secretaría General tendrá que acatarlo, o bien, existen instancias legales para argumentar el caso, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Indicaron que el ofrecimiento del Secretario Farah Gebara, de pagarles los sueldos equivalentes a los meses de junio, julio y agosto; así como dos meses de “gratificación” dependiendo de su antigüedad, es “falaz”.
Detallaron que en la circular oficial número 24, girada en 2017, la Cámara les informó que el pago que ahora se les ofrece como “gratificación”, en realidad corresponde al “finiquito” que prevé la ley, por lo que faltaría el dinero correspondiente a la antigüedad, y el proporcional de vacaciones y aguinaldo.
Al recalcar que su problemática está ligada a un uso y asignación poco transparente de los recursos en el Legislativo, aseveraron que están en juego más de 102 millones de pesos aprobados y debidamente presupuestados en el paquete económico 2018, y que deberían ser empleados para cubrir los pagos finales de mil 500 trabajadores de honorarios.
Enfatizaron que no están dispuestos a aceptar solo la entrega del finiquito referido por la autoridad administrativa, sino que demandan el cumplimiento de la Circular 24 del 2017, que establece que los empleados deberán recibir un pago final equivalente a tres meses de salario, otro pago de 20 días de sueldo por cada año laborado, y el proporcional de aguinaldo y vacaciones.
Insistieron en que la Cámara no está cumpliendo los términos de su contrato, y aunque se ha dicho que les otorgarían entre tres y cinco meses de sueldo, eso no corresponde a los pagos de junio, julio y agosto de este 2018.
Apuntaron que también quedan en desventaja, porque si con recontratados en la siguiente Legislatura, por cuestiones administrativas tendrían que trabajar en septiembre y octubre sin goce de sueldo.
Recalcaron que el despido anticipado dejará sin respaldo el trabajo parlamentario que seguirá llevándose a cabo en comisiones, que por reglamento, deben sesionar al menos una vez al mes, hasta que finalice la Legislatura.
Indicaron que si este jueves no hay una respuesta favorable de la Junta de Coordinación Política, determinarán qué otro tipo de acciones tomar.
Subrayaron que la Cámara intentó argumentar que carece de recursos para pagarles un finiquito formal, y por ello solo les cubrirán los meses de junio a agosto y una gratificación equivalente a dos meses de salario.
Esto, pese a que en el Presupuesto 2018, se aprobó una partida de 500 millones de pesos para el pago de “indemnizaciones”, que debería ser utilizada para finiquitarlos en los términos de ley.
“El recurso quizás lo quieran ocupar para otros asuntos, lo cual no nos compete”, planteó el asesor José Luis Mondragón.