En la Cámara de Diputados estalló la protesta de cientos de asesores que serán despedidos de manera anticipada, pues los contratos firmados hasta el 31 de agosto, terminarán el 31 de mayo.
Al grito de “¡Solución, solución!” y no a la rescisión anticipada, “¡Jucopo no me robes!”, “¡No somos ladrones, somos asesores!”, “¡No nos fallen!”, los inconformes con su cese anticipado recorrieron los pasillos de San Lázaro en busca de ayuda.
Al intentar movilizarse por las áreas del recinto más cercanas al salón de sesiones, el personal de Resguardo y Seguridad cerró con candados prácticamente todos los accesos al Edificio A, para que los asesores no pudieran acercarse a los congresistas.
Así, atrapados como en una ratonera, buscaban un sitio al cual acercarse para hacerse escuchar.
Frente a las puertas de cristal cerradas con candados, mostraron mantas que con mensajes como: “Coordinador: si donaste para el temblor no se lo cobres a tu asesor #NoAlMocheDeAsesores. JUCOPO 3 meses te vas a ahorrar pero ahora quién va a trabajar?”, “#NoAlMocheDeAsesores”
“Somos mil 500 familias a las cuales se nos está quitando y restringiendo el derecho a recibir nuestros honorarios. Ayer se notificó por medio de un boletín, el famoso boletín número 10, donde se iba a pagar hasta el último día de mayo. Nos van a dejar de pagar junio, julio y agosto, están violentando la Constitución, la Legislatura termina el 31 de agosto. ¡Es una arbitrariedad, es un robo, es un abuso, es una pena que los legisladores lo estén haciendo!”, recriminó Alejandro Núñez, asesor adscrito a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La presión de los asesores, que no tuvieron más remedio que gritar desde los pasillos para que los congresistas los atendieran, generó algunas muestras de respaldo en el Pleno, donde los diputados y diputadas apenas atinaron a calificar el hecho como una injusticia, pero no hicieron más.
Algunos pocos de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) salieron al encuentro de los asesores a quienes expresaron su respaldo y confesaron que el grueso de los diputados y diputados ni siquiera se enteran de los acuerdos administrativos y económicos que se toman en la esfera de la Junta de Coordinación Política, la llamada Jucopo.
El presidente de la Mesa Directiva y legislador del PRI, Edgar Romo, instruyó que se abrieran los micrófonos en las curules de una decena de parlamentarios que se declararon solidarios con los asesores; y también dijo que ya se había abierto un espacio de diálogo con los manifestantes y las autoridades de Recursos Humanos.
“A la Cámara no le faltan recursos, sino vergüenza”, reclamó indignado desde su curul el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez.
En los pasillos y en la plaza central de la Cámara, algunos asesores lo aplaudieron, pero los que pertenecen a su fracción parlamentaria, la del MC, aclararon que esa bancada y la del Partido Verde (PVEM), fueron las primeras en avisar al personal de honorarios que debían firmar a la brevedad sus renuncias.
Para hacer aclaraciones sobre el diferendo, el Secretario General de la Cámara, Mauricio Farah, negó que el despido masivo de asesores en el recinto sea injustificado.
El funcionario corroboró que terminarán anticipadamente los contratos del personal de honorarios asimilados a sueldos, se estima que son más de mil 500 y entre ellos se encuentran los asesores. Y esto sucederá a raíz del cierre de la LXIII Legislatura.
Farah Gebara explicó que los asesores no son formal ni legalmente trabajadores de la Cámara, sino de prestadores de servicios con contratos de honorarios asimilados a salarios, de modo que el Legislativo no tiene mayor obligación con ellos.
Aun así y con el fin de no dejarlos desprotegidos, planteó, se les pagarán entre tres y cinco meses de sueldo, de acuerdo a su antigüedad.
Esto no implica que vayan a recibir ningún otro pago por concepto de prestaciones, liquidación o el proporcional del aguinaldo, porque no son empleados de la Cámara, refrendó.
Enfático, agregó que por ley, el recinto no está obligado a pagarles prestaciones, aunado a que los contratos firmados al momento de su ingreso, establecen claramente y ellos lo sabían, que podrían terminar de manera anticipada.