En la Cámara de Diputados, el fin de la Legislatura que terminará trabajos ordinarios a partir de mayo próximo, pero legalmente concluye hasta agosto, dejará sin empleo a más de mil 500 asesores que laboran en los grupos parlamentarios y comisiones.
En un desplegado, los afectados acusaron que serán despedidos de manera injustificada, gracias a un acuerdo político-administrativo de “austeridad” que los obligará a terminar de forma anticipada y en mayo, los contratos firmados hasta el 31 de agosto de 2018.
Esto significa, sentenciaron, que al igual que sus contratos, el pago completo de sus salarios, liquidación y gratificación están en riesgo.
En el documento, se manifestaron en contra del “despido injustificado” establecido en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del recinto, fechado este lunes 23 de abril.
“Estamos en contra de que violenten nuestros derechos laborales, tratando de concluir de forma anticipada y hasta el 31 de mayo un contrato firmado hasta el mes de agosto del presente año”, recalcaron.
Al exigir que esos convenios se cumplan a cabalidad, al igual que el pago de una gratificación y en su caso, el pago proporcional de las prestaciones que por derecho les corresponden, enfatizaron que no son “aviadores”, sino profesionales que apoyan a los legisladores en sus tareas diarias.
Explicaron que el acuerdo de austeridad impulsado por los congresistas, recae en las espaldas de mil 500 trabajadores que perderán el empleo.
Enfatizaron que el pago completo por sus servicios no representará gasto extra a la Cámara, porque se contempló de manera íntegra en el presupuesto del recinto para este 2018.
“Los asesores tenemos responsabilidad con nuestra familia, al darle sustento todos los días, y más aún aquellos que tienen alguna cobertura en materia de salud”, alertaron.
Puntualizaron que el trabajo parlamentario no termina en el mes de mayo, pues los congresistas tienen gestiones pendientes que justificaría el mantener los contratos de sus asesores y el personal de honorarios como se había establecido mediante acuerdo legal, hasta finalizar el mes de agosto.
“Una vez despedidos, no podremos entrar a la Cámara de Diputados y continuar con nuestra labor de apoyo legislativo, ya que nos retirarán las credenciales de acceso”, relataron.
Al solicitar el apoyo y solidaridad de los diputados, los trabajadores calificaron el fin anticipado de sus contratos y el cierre, en términos prácticos, de sus fuentes de empleo, como una injusticia que dejará “en la calle” a cientos de empleados que cargarán con el peso de un acuerdo de austeridad establecido por los líderes parlamentarios.