La Cámara de Diputados aprobó, con 310 votos, reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que aumentan de cuatro a cinco el número de integrantes de la Sección Instructora de San Lázaro, la cual procesa los desafueros de funcionarios, servidores públicos y legisladores involucrados en la comisión de delitos.
En el debate, los congresistas subrayaron que el tema del fondo es el fuero constitucional y su uso para proteger a quienes cometen actos ilícitos al amparo de cargos públicos.
Tanto peso dieron al tema del fuero, que la mayoría de los posicionamientos de las bancadas se centró en ello, y algunos congresistas refirieron de manera errónea, que la reforma para dar un integrante más a la Sección Instructora, permitiría agilizar el desahogo de los juicios políticos pendientes en San Lázaro.
Lo anterior, pese a que ese procedimiento es distinto y corresponde a otra instancia parlamentaria, en este caso, la Subcomisión de Examen Previo.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Jesús Valencia, indicó que mantener la Sección Instructora con cuatro integrantes, se generaba el problema de “empantanar” y “atascar” decisiones fundamentales para la ciudadanía, como la procedencia de los desafueros.
Tras anunciar el voto a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Agustín Basave, hizo énfasis en el detalle de la reforma: no entrará en vigor sino hasta que termine la presente Legislatura.
Esto confirma, apuntó, que la decisión tiene “dedicatoria especial” a favor de priístas cuyo desafuero estuvo a discusión, como el diputado Antonio Tarek Abdala, ligado al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
“Porque esa trae dedicatoria, es evidente que quien propuso esa postergación es el PRI y es evidente que intenta proteger en particular a uno de los integrantes de su bancada”, apuntó Basave Benítez, haciendo referencia al diputado priísta Abdala Saad.
En su turno en la Tribuna, el presidente de la Sección Instructora y diputado del tricolor, Ricardo Ramírez, defendió que en su momento, esa instancia no haya resuelto retirar el fuero al diputado señalado, y a su compañero de bancada Alberto Silva Ramos, también ligado al ex gobernador Duarte de Ochoa.
Afirmó que esa determinación estuvo apegada a la ley, la parte acusadora, en este caso la Fiscalía General del estado de Veracruz no presentó las carpetas de investigación debidamente integradas, y por eso se declaró que no había elementos para desaforar a sus compañeros de bancada.
Incluso, acusó que los otros integrantes de la Sección, uno del PRD y uno del Partido Acción Nacional (PAN), intentaron “torcer la ley” para avalar el desafuero de los priístas.
“Tenemos la obligación ineludible de observar la ley y de observar la Constitución y no de torcerla como se pretendió en algunos casos, particularmente de los diputados que se hizo mención, y los cuales de ninguna manera recibieron un trato diferenciado y tampoco estuvieron amparados por una tutela de impunidad”, dijo.
“Simple y sencillamente como cualquier otro, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento y se determinó que no era procedente declarar la procedencia”, es decir, desaforarse, atajó.
La reforma que será enviada al Senado de la República, no solo aumenta de cuatro a cinco a los integrantes de la Instructora, sino que también aplica a la Sección de Enjuiciamiento de la colegisladora, con el mismo propósito de evitar empates.