El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó durante 2016 y 2017, algunos gastos no programados y poco planeados, en la contratación de “expertos y asesores” externos; así como en instrumentos que no han dado los resultados esperados, como la “Estratega Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, ENCCIVICA; y un Sistema de Inteligencia Institucional cuyo propósito no ha sido justificado.
De acuerdo al informe de las auditorías aplicadas por el Órgano Interno de Control a la gestión 2017, entregado a la Cámara de Diputados, en la ENCCÍVICA el INE había gastado hasta diciembre del 2017, cerca de 16.5 millones de pesos y no aportó información que permita determinar su costo real.
Asimismo, se gastaron 52.7 millones de pesos en un Sistema de Inteligencia Institucional que incluye la compra de herramientas de inteligencia de negocios que debían servir para mejorar la toma de decisiones en torno a los procesos electorales, pero está subutilizado y hasta el momento, no ha mostrado que fuera necesario, por lo que presenta el riesgo de ser inútil para el órgano electoral.
El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria refleja que en torno a la “Estratega Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, ENCCIVICA, se encontraron gastos extra y la entrega de contratos por adjudicación directa, cuando la norma establece que debían haberse abierto procesos de licitación.
Por tales motivos, la Contraloría del INE emitió ocho acciones preventivas y tres correctivas que están en periodo de solventación.
Detalla que en diciembre de 2017, la Estrategia reportaba un gasto global de 16.5 millones de pesos, pero el órgano electoral no pudo aportar elementos que permitieran medir el costo real del proyecto.
En gastos asociados a la ENCCÍVICA, se destinaron 12.8 millones de pesos para comprar bienes y servicios que en un 70 por ciento fueron adjudicados directamente a los proveedores, sin cumplir con el requisito de hacerlo por la vía de la licitación pública.
El INE también gastó 3.1 millones de pesos en la contratación de un pequeño grupo de cinco expertos, pese a que cuenta con más de 170 colaboradores en la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, que pudieran haber realizado esas labores, y en la que anualmente, se gastan 14.5 millones de pesos.
El Instituto, agrega el Órgano de Control Interno, no presentó los informes de evaluación de resultados obtenidos a partir del trabajo de los expertos y tampoco aclaró si se cumplieron los objetivos de su contratación.
Otra de las fallas encontradas en la ENCCÍVICA, tiene que ver con sus 15 actividades, de las cuáles, hasta diciembre del 2017 apenas se habían llevado a cabo siete y en ocho de ellas, no se reportó ningún tipo de acción.
Aunque la Estrategia fue diseñada por expertos, el Órgano de Control encontró que la mayoría de sus 55 indicadores de resultados son poco claros, imprecisos y las variables para calcularlos resultaron “inciertas”.
En el acto público durante el que se presentó la ENCCÍVICA, tuvo un costo de 753 mil pesos, y que incluyeron el uso de un espacio en el Museo Nacional de Antropología, alimentos y hospedaje para personal del INE en los estados y los consejeros presidentes de los Organismos Públicos Locales, OPLE’s.
Aunado a ello, el INE gastó 1.4 millones de pesos más, el doble que para la presentación, solo en la elaboración de un video, adjudicado nuevamente de manera directa y sin que estuviera considerado en el Programa Anual de Adquisiciones.
“Lo expuesto reveló una deficiente planeación de adquisiciones (…) En suma, la ENCCÍVICA es una estrategia que propone y convoca, pero que no obliga a nada ni a nadie. A la fecha no se tiene claridad del costo total que esta implicará”, dice el reporte.
Añade que el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SMS & E) no funciona como una herramienta de medición, su contenido no se actualiza y gran parte de las variables de sus indicadores son inciertas.
En otra auditoría, la Contraloría del INE revisó la compra, utilidad y funcionamiento de un Sistema de Inteligencia Institucional, SII.
Las inconsistencias encontradas en la fiscalización que abarcó desde enero del 2015 y hasta noviembre del 2017, generó la emisión de cuatro acciones preventivas y 10 de tipo correctivo.
Se detectó un gasto global de 52.7 millones de pesos para un proyecto que está subutilizado y que solo estuvo al alcance de 38 funcionarios públicos, cuando su capacidad era ilimitada.
Detalla que en 2015, se destinaron 15 millones de pesos para la compra de herramientas de inteligencia de negocios, de los cuáles se gastaron ocho millones, y los siete millones restantes quedaron disponibles para otros fines.
En 2016, se registró el proyecto de Desarrollo y Capacitación de Business Intelligence Institucional, BI por sus siglas, para capacitar al personal encargado de aplicarlo.
Para diciembre de 2016, el INE amplió el presupuesto para la compra de más productos de inteligencia de negocios, en 43 millones de pesos.
Dichas operaciones, resultaron cuestionables, por su falta de planeación y la volatilidad en sus objetivos, agrega la auditoría.
Añade que en 2017 se destinaron do millones de pesos más para el Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Institucional, pero finalmente fueron reasignados, lo que nuevamente confirma una deficiente planeación de adquisiciones.
Ello, aunado a que las unidades responsables de operar esa herramienta, no realizaron un diagnóstico que justificara la necesidad de comprar y utilizar un sistema de inteligencia; el INE no tiene un indicador que mida el avance en la implementación del mismo y al cierre de la auditoría no se tenían listos los tableros de indicadores relacionados al Proceso Electoral 2017-2018.
Por lo anterior, el órgano interno de control pidió a la institución rendir cuentas sobre el gasto en un proyecto inacabado y subutilizado, a fin de determinar si funcionará o correrá el riesgo de no concluir con sus metas y no dar resultados concretos, medibles y útiles para el órgano electoral.