A fin de contar con medidas de actuación ante desastres naturales con una perspectiva de no discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió los lineamientos sobre la garantía del derecho a la no discriminación antes, durante y después de un sismo.
Se trata, señaló el organismo, de apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad, ya que son más propensos a sufrir daños y ver afectada su integridad física en desastres naturales, como los ocurridos en septiembre pasado.
El Conapred y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) destacaron que el sismo del 19 de septiembre puso en evidencia que los principales daños y afectaciones por este tipo de fenómenos naturales se acumulan principalmente sobre poblaciones en contextos de discriminación, como mujeres, niños, personas indígenas y con discapacidad.
Por ello la importancia de los “Lineamientos generales con perspectiva de no discriminación para la prevención, actuación desde la protección civil y reconstrucción relacionadas con los sismos”, con los que se pretende generar protocolos de seguridad e información suficientes, que resulten accesibles, próximos y armónicos con los derechos y necesidades de esos grupos.
Dichos lineamientos, fundamentados en estándares internacionales y en el diálogo con la sociedad civil, ofrecen parámetros para proteger a estas personas frente a actos de discriminación antes, durante y después de un sismo, indicaron los organismos dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Asimismo, señalan una ruta de acción para la Administración Pública Federal, con el propósito de dar continuidad a sus obligaciones de proteger, promover y garantizar el derecho a la no discriminación, incluso en contextos de desastre natural, resaltaron.
A seis meses del sismo, se destacan dos elementos de mayor importancia para evitar catástrofes sociales.
El primero pretende colocar al alcance de la población en contextos de discriminación los recursos necesarios para la protección de la salud psicosocial de quienes podrían experimentar situaciones de estrés acumulado, como ocurre con las niñas y niños, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.
El segundo, garantizar los derechos a la comunicación y la información de las personas con discapacidad, lo cual implica promover que se utilicen de manera regular intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, subtitulado electrónico, sistema Braille y otros que resulten pertinentes para la difusión de los mensajes oficiales sobre la emergencia y su evolución.