La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados calificó como “una burla” de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno Federal, el anuncio de que no se ejercerá acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de recursos a través de la banca.
El coordinador Marko Cortés señaló que por ello y en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, pedirá que la Comisión Especial de seguimiento al caso Odebrecht, llame a una reunión al ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto.
Lo anterior para que hable sobre las amenazas y presiones de la PGR en su contra, y detalle cómo fue que se le ofreció el pago de sobornos como compensación, después de haber sido destituido.
“Ya parece esto una burla, un atropello que la PGR salga a decir que ya no hay cargo en contra de César Duarte, ¿esto es una broma? Es una procuración de justicia selectiva y están haciendo lo que en México debemos evitar a toda costa, que las instituciones estén al servicio de un interés particular de un partido político. Esto es absolutamente inaceptable”, remarcó.
Es inadmisible y “vergonzante” que la autoridad federal libere de cargos por delitos financieros al ex gobernador Duarte Jáquez, y esté centrada en perseguir a los adversarios políticos como el candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, apuntó.
Cortés Mendoza dijo que esa situación merece lanzar un “¡ya basta!” dirigido al Gobierno Federal y al Presidente Enrique Peña, para que saquen las manos del proceso electoral.
Al sentenciar que también presionará para que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara se reúna y desahogue la denuncia de juicio político contra el encargado de despacho en la PGR, Alberto Elías, el líder de los panistas en San Lázaro refrendó que las omisiones de esa dependencia ante las irregularidades cometidas en Chihuahua, muestran que está haciendo el papel de “brazo político” del PRI.
A esa evidencia se suma, dijo el panista, la presión de la Procuraduría contra el ex fiscal electoral, que habría dado a conocer al diario The Wall Street Journal, que un funcionario identificado como Jorge Márquez, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), le ofreció dinero “como gesto de buena fe”, después de que fuera cesado, y que su esposa habría recibido mensajes intimidatorios.