Las autoridades investigan el origen del dinero con el candidato a la presidencia Ricardo Anaya se compró una nave industrial en 2016, después de que dos abogados revelaran a finales de enero que la compra se hizo a través de un esquema de lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado probar ni que el origen de los 53 millones de pesos sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de él. Sin embargo, las críticas por supuesta corrupción golpean desde hace semanas al candidato de Por México al Frente, que denuncia un ataque orquestado por el presidente, Enrique Peña Nieto, para perjudicarle y un “uso faccioso” de las instituciones.
Una parte de la investigación se centra ahora en esclarecer un inusual movimiento en la empresa que compró la nave. El notario que supuestamente autorizó el cambio accionarial en la compañía, un político de un partido aliado histórico del PRI, aseguró la pasada semana ante la PGR que no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por falsificación.
La PGR abrió una carpeta de investigación a finales del pasado mes de octubre, poco después de la renuncia de su titular, Raúl Cervantes. Fuentes oficiales confirman que las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial.
La investigación de la Procuraduría incluye a los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados.
Galindo y Rodríguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR. En sus declaraciones, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de dólares a Manhattan Master Plan, la empresa que compró la nave industrial a Ricardo Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el suegro del candidato.
Tanto Galindo como Rodríguez señalaron que fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro vinculado a Anaya. Según la declaración de Galindo, Barreiro les indicó que no quería que se le relacionara con el candidato, por lo que requería de sus servicios “con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deberíamos diseñar”.
Pese a las acusaciones, Anaya asegura que no tiene nada que ver con el esquema de lavado de dinero. En su defensa, el candidato presidencial recalca que en el contrato de venta de la nave existe una cláusula, la número 20 por la que Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es de origen lícito.
Anaya ha pedido a la PGR que aclare si lo están investigando. No obstante, ante el incremento de las acusaciones contra él, el candidato decidió explicar en un video, del pasado 21 de febrero, su versión de los hechos. En él señalaba que había vendido la bodega a Manhattan Master Plan y especifica que su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. El candidato explica que estaba al tanto de la operación, pero que nunca tuvo trato personal con Reyes durante la venta. La operación de venta la llevó su suegro.
La vinculación de Reyes con Manhattan Master Plan es parte de la investigación que adelanta la PGR. La empresa se constituyó en julio de 2016 expresamente para esta operación, según el relato de los abogados que colaboran con la justicia a cambio de beneficios.
El pasado 16 de febrero, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) declaró como “empresa fantasma definitiva” a la compañía. En un primer momento, los socios eran Luis Alberto López y María Amada Ramírez Vega. Según Daniel Rodríguez, se trataba de hombres de confianza de Barreiro, que ejercían de prestanombres. López, de hecho, trabajaba como chófer del empresario queretano.
Al considerar que no eran las personas indicadas para realizar esta operación, Rodríguez sugirió a Barreiro un cambio de dueños “para poner a alguien que tuviera congruencia”. Este propuso el nombre de Juan Carlos Reyes, hermano de Sergio Reyes, socio de Barreiro en varias empresas.
El operador de la red explicó en su declaración que pidió copias certificadas en una notaría de Zapopan, ciudad próxima a Guadalajara, con la que solían trabajar. Salvador Cosío, el notario que supuestamente firmó esos documentos, negó la pasada semana ante la PGR haberlo hecho. En su declaración Cosío asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan que solicitó el procedimiento ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, según el testimonio de Daniel Rodríguez, trabajaba en esa notaría. “No se trata de mi firma”, afirma Cosío, quien también señala que los documentos no contienen algunas características que acostumbra a tener su forma de proceder.
Después de no reconocer su firma en tres documentos, Cosío formuló una querella por falsificación de los mismos. Pese a que su nombre ya había aparecido en una información de El Universal del pasado septiembre, el notario, hijo de un gobernador priista y que actualmente aspira a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde, aseguró que se había enterado de la anomalía recientemente.
Cosío no es el único en poner en duda el traspaso de poderes. También la semana pasada, Humberto Hernández, esposo de María Amada Ramírez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan, y que ha ejercido como contador de Barreiro, aseguró ante la PGR que nunca tuvieron constancia de la existencia de la compañía.
Hernández declaró que se habían enterado por los medios de comunicación, por lo que asegura que todos los documentos con la firma de su mujer “son falsos”. Lo mismo ocurre, según su declaración ante la Fiscalía, con los de Juan Carlos Reyes. Este periódico trató de contactar en vano con Juan Carlos Reyes. Posteriormente, lo hizo con sus abogados –el mismo despacho que asesora a su hermano y a Manuel Barreiro-, pero prefirieron no posicionarse sobre el caso.
Anaya admite que sabía del cambio accionarial, pero no las supuestas deficiencias: “Un cambio de acciones cualquiera lo habría podido saber porque si revisas el acta constitutiva original aparecen otros dos socios. Que yo me detuve en esa particularidad en aquel entonces, por supuesto que no, como no lo haría ninguna persona”, añade. El candidato presidencial asegura, no obstante, que desconocía las supuestas anomalías en el cambio accionarial y que, en cualquier caso, él “no tendría ninguna responsabilidad”.
Con información de El País