El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por su presidente, Juan Díaz de la Torre, recibió la Toma de Nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que reconoce legalmente los acuerdos del VII Congreso Nacional Extraordinario: reforma estatutaria y elección de la nueva Dirigencia Nacional para el periodo 2018-2024.
Díaz de la Torre señaló que “los maestros están a favor de la política pública que implique el fortalecimiento de la escuela y la educación pública”; y están en contra “de quien atente contra la unidad del gremio o pretenda arrebatarnos una sola de nuestras conquistas”.
El presidente del SNTE también demandó a la nueva dirigencia comportarse a la altura de la responsabilidad adquirida, “en el SNTE hay orden, sistematización y trabajo para interpretar, identificar y diagnosticar los desafíos educativos, profesionales, laborales y asistenciales de nuestros compañeros”.
Cabe destacar que, con las modificaciones a su Estatuto, el SNTE es el primer sindicato en América Latina en garantizar que las mujeres ocupen 50% de los cargos de su Dirigencia.
Al recibir la Toma de Nota, los Órganos Nacionales de Gobierno del Sindicato, en cumplimiento a los mandatos del Congreso Nacional, efectuaron su primera reunión en la que delinearon el Plan de Trabajo 2018-2024, estableciendo como prioridad la certeza laboral de los agremiados, su desarrollo profesional y la defensa de la escuela pública.
Los dirigentes se comprometieron a continuar la lucha por la reivindicación de los derechos, conquistas y prestaciones de los trabajadores de la educación, tal como está plasmado en el Pliego Nacional de Demandas 2018.
Coincidieron en la necesidad de mantener la exigencia al Gobierno Federal de detener la precarización del trabajo docente y emprender acciones contundentes, no sólo para garantizar la certeza laboral y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de la educación, también para fortalecer el Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, asumieron que es imprescindible exigir a la autoridad federal la revisión a fondo de los contenidos de la reforma educativa y la interpretación que lacere el desarrollo laboral y profesional de los docentes para que, sin trastocar la normatividad, se garantice el desarrollo profesional de quienes se han adherido a los procesos establecidos en la Ley.