En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), centraron su atención en el caso de los presuntos desvíos de recursos que se le atribuyen a la secretaria Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La bancada priísta exigió a la funcionaria renunciar al puesto, ante las acusaciones en su contra por desvío de recursos públicos a través de esquemas de triangulación y contratación de entes públicos y empresas “fantasma”, detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública 2016.
El vicecoordinador Jesús Zambrano y la vocera de la fracción, Cristina Gaytán, subrayaron que si el Gobierno Federal tiene un compromiso real con la corrupción, debe cesar a Robles Berlanga.
“Y lo menos que nosotros pediríamos de la Presidencia de la República es que la removiera del cargo para poder llevar a cabo las investigaciones. Esto ya se había venido diciendo, era un secreto a voces por decirlo así, ya estaba la Estafa Maestra, ya había señalamientos contra ellos, ahora es una instancia como la Auditoría Superior de la Federación la que arroja estos datos”, apuntó la diputada Gaytán Hernández.
“Allí hay un fraude a la ley, debe prohibirse expresamente que puedan subrogar para evitar estas simulaciones, porque eso es ante lo que estamos. En el extremo pudiéramos estar ante el hecho de que sí, dizque no se robaron, no dudo que no hayan adquirido indebidamente recursos de manera ilícita del erario público y debe irse a fondo, debe investigarse y establecerse las responsabilidades penales, administrativas y políticas” que procedan, apuntó el diputado Zambrano Grijalva.
Aprovechó para recriminar que el PRI se haya negado a avalar el llamado a comparecer a la secretaria Rosario Robles, de la que nadie ha dicho “esta mujer es una ratera”, simplemente se busca llamarla a cuentas.
En contraparte, la fracción parlamentaria PRI salió en defensa de la integrante del gabinete del Presidente Enrique Peña.
La diputada Ruth Tiscareño y el diputado Enrique Rojas, ambos integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, demandaron acusarla y a ningún otro funcionario presuntamente involucrado en el uso irregular de los recursos públicos, ya que las observaciones hechas por la ASF aún pueden aclararse y para ello, los entes fiscalizados tienen un plazo de 30 días.
“Que no es un asunto concluido puesto que todavía esos entes tienen la oportunidad de solventar dichas observaciones. Concluido ese plazo la Auditoría tendrá 120 días para dar una resolución en caso de encontrar un desvío de recursos, se tendrá que iniciar el proceso ante una fiscalía”, apuntó la legisladora.
A su vez, la fracción parlamentaria del PAN acusó al Gobierno Federal de utilizar las instituciones del Estado como la PGR para “atacar” a su candidato presidencial, Ricardo Anaya y al mismo tiempo, para encubrir irregularidades como las del caso Odebrecht y desvíos de recursos públicos, como los que se atribuyen a la titular de la Sedatu y Sedesol.
El coordinador Marko Cortés, exigió que la Procuraduría proceda contra Robles Berlanga, por malversar el erario y contra el candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, por omisión y complicidad, ya que él también estuvo al frente del despacho de Desarrollo Social cuando se registraron las anomalías detectadas por el organismo fiscalizador.