Los informes fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son públicos y no hacen imputaciones personales ni señalan presuntos responsables, solo identifican uso irregular del erario, respondió el encargado de despacho, el auditor Juan Javier Pérez, a los señalamientos de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles.
Lo anterior, en el marco de la presentación de los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2016, ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Al ser consultado sobre la publicación en medios de comunicación, de los resultados de auditorías especiales aplicadas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Sedatu, al frente de las que ha estado Robles Berlanga, puntualizó que las notas periodísticas hablan de tres revisiones, pero en total son seis y la cantidad de recursos involucrada, es mayor.
“No son tres auditorías, son seis las que informamos, lo que pasa es que las tres primeras que ya fueron motivo de difusión pública, fueron auditorías especiales, cuyo informe especial se publicó, se entregó a la Cámara de Diputados antes, a los 10 días de que se terminaran esas auditorías. Hay otras tres auditorías que en su conjunto conforman una cifra del orden de dos mil 300 millones de pesos”, refirió.
La revisión de la ASF al uso de recursos en 2014 y 2015 permitió identificar que los presuntos desvíos de recursos hechos en Sedesol y Sedatu durante la administración de Robles y que rondan los mil 300 millones de pesos, se hicieron por medio de la contratación de instancias como Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación social.
Dichos medios públicos estatales, habrían subcontratado a otras empresas, algunas de ellas ficticias, para prestar los servicios presuntamente solicitados por Sedesol y Sedatu, respectivamente.
En cuanto a la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, Pérez Saavedra indicó que la ASF ya presentó una denuncia de hechos, en apoyo al recurso legal promovido previamente por la Contraloría de Hidalgo.
“Esa es la única que tenemos, las demás todavía no se presentan, porque se presentarán en el momento en que se tengan todos los elementos”, puntualizó, tras señalar que el resultado de las auditorías se entregó a la Cámara de Diputados desde el pasado 31 de enero.
Agregó que el órgano fiscalizador detectó anomalías similares a las de la llamada “Estafa Maestra”, con la contratación de universidades públicas y otros organismos de la administración pública federal, a través de los cuales se han triangulado recursos públicos de manera irregular.
Expuso que a través de ese mecanismo de uso irregular del presupuesto al que sin rodeos llamó “modus operandi”, se han movilizado cerca de siete mil millones de pesos.
“Yo mencionaría que desde que tenemos conocimiento de este mecanismo, de este modus operandi, de las contrataciones vía otros entes del sector público, a lo mejor hemos determinado alrededor de siete mil millones de pesos de presuntos daños al erario”, refrendó.