El gobernador de Chihuahua, Javier Corral manifestó que más autoridades federales no han cumplido el acuerdo sobre la extradición de su antecesor, el priísta César Duarte.
“No tenemos realmente acceso por parte de la Fiscalía General del estado al conocimiento de las peticiones como se han formulado” para traer a México al ex gobernador de Chihuahua César Duarte.
Corral Jurado manifestó que no se sabe cómo se están formulando las solicitudes de extradición. “No sabemos si ya se ha pedido una, dos, seis o cuatro; esto sigue poniendo en entredicho la voluntad del gobierno” federal en la extradición de César Duarte.
“Hasta ahora nosotros no tenemos acceso a ese proceso”, subrayó.
Al incumplir lo acordado “serán responsables de (realizar) un proceso simulado en el caso de Duarte”, el procurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, y Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), dijo Corral Jurado entrevistado en el marco del la Convención Nacional del Partido Acción Nacional.
Por otra parte, el gobernador de Chihuahua aseguró que aún no recibe los 900 millones de pesos, pero ya se firmó el convenio y “ya nos van a pagar los que nos debían y lo que nunca debieron habernos retenido, porque lo que debo de decir con toda sinceridad es que lo que hemos logrado es simple y sencillamente que nos pagaran lo que nos debían”.
Finalmente, Javier Corral señaló que hay una estrategia para arrebatarles el caso de Alejandro Gutiérrez, “lo están intentando por varias vías y ahora hallaron un juez a modo”, dijo el mandatario estatal, “que busca adjudicarse un caso que compete al fuero local”.
La Fiscalía de Chihuahua interpondrá los recursos que sean necesarios para defender la competencia local para que Alejandro Gutiérrez (que fuera secretario genera adjunto del Partido Revolucionario Institucional acusado de peculado), siga enfrentando su juicio en Chihuahua. “Vamos a rechazar la actuación del juez federal”, enfatizó Corral Jurado.
Acusó un cambio “de última hora del juez para llevar la audiencia” y destacó que a decir de este juez federal, los 246 millones de pesos que presuntamente “sirvieron para los contratos simulados de las empresas fantasmas con las cuales se triangularon los recursos hacia el PRI nacional, como estaban destinados a educación entonces afecta a la Federación y por lo tanto está debe ser ahora la ofendida y debe atraer el caso. No vamos a permitir que se le quite al pueblo de Chihuahua el carácter de ofendido del delito porque eso nos impediría resarcir el daño patrimonial a los chihuahuenses”, concluyó.