La Comisi\ón Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirm\ó que el replanteamiento de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problem\ática de violencia e inseguridad que enfrenta el pa\ís, adem\ás de que no contribuir\ía a que se acabara con la impunidad y debilitar\ía la institucionalidad civil y democr\ática.
Indic\ó que la Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, en todo caso una disuasi\ón o contenci\ón que tienen efectos limitados y de corto plazo. Adem\ás de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos.
El organismo asegur\ó que por mejor capacitado que est\é un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonar\á al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscal\ías aut\ónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles.
La CNDH subray\ó que la reforma constitucional tiene m\últiples ambig\u00fcedades e imprecisiones como la potestad gen\érica que se le confiere a la Guardia Nacional para actuar a efecto de "preservar el orden y la paz p\ública", lo que podr\ía abrir la puerta a una utilizaci\ón discrecional que podr\ía violentar garant\ías y libertades como las de expresi\ón, al disenso y a la protesta.
De igual forma, no se establece c\ómo se van a desarrollar a las polic\ías civiles, cu\ál ser\á el destino y papel de las polic\ías que actualmente se encuentran operando, ni las bases y t\érminos en que se dar\ía la coordinaci\ón entre instancias de los tres niveles y \órdenes de gobierno y, mucho menos, con los Ministerios P\úblicos, siendo este aspecto de especial relevancia en tanto que la investigaci\ón de los delitos necesariamente debe quedar en manos de estos \últimos y preservar m\últiples garant\ías y derechos.