El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la llamada Ley Mordaza en San Lázaro.
Los magistrados desecharon los recursos que interpusieron José Ricardo Gallardo Cardona, coordinador de los diputados del PRD, así como los diputados independientes Ana Lucía Riojas y Carlos Alberto Morales, en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, relacionado con el establecimiento de nuevos criterios para la presentación de iniciativas en tribuna, por considerar que “los actos impugnados escapan de la materia electoral, al encuadrar en el ámbito del derecho parlamentario administrativo”.
Asimismo, concluyeron que la organización interna de los órganos legislativos, relacionada con las sesiones, procedimiento de iniciativas de leyes, discusión y votación de las mismas “están desvinculados del derecho político electoral de ser votado” y, por lo tanto, “no está sujeto a control jurisdiccional electoral”.
A principios de octubre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó el número de intervenciones que tendría cada fracción parlamentaria para presentar asuntos en tribuna: Morena tendrá derecho a intervenir por ronda en seis ocasiones, el PAN tres y el PRI dos; mientras que el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Partido Verde sólo tendrán una participación cada uno. Cada intervención será de cinco minutos, por lo que Morena contará con 30 minutos por ronda para exponer iniciativas, mientras que los partidos minoritarios únicamente cinco minutos.
En protesta, legisladores tomaron la tribuna de San Lázaro usando cubrebocas y portando pancartas en las que se leía “No a la ley mordaza”. Ricardo Gallardo Cardona: Aprovechando su mayoría, Morena “puso en marcha una estrategia para acallar a las minorías y atentar contra la gobernabilidad, pluralidad y libertad de expresión de los grupos parlamentarios”. Mario Delgado: Defendió que la nueva realidad política presenta un equilibrio distinto de fuerzas, por lo que es necesario ajustar el funcionamiento de la Cámara Baja.
Inconformes, los diputados federales del PRD e independientes llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación varios juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.