La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 38/2018 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por una serie de acciones y omisiones que impidieron reubicar y dotar de vivienda a 96 personas damnificadas desde el 2013 por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, en Acapulco, Guerrero,.
A través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el gobierno federal aprobó destinar recursos a la Sedatu para atender ese desastre; por ello, para las personas damnificadas de la comunidad “La Isla Las Casitas” se autorizó la ejecución de 26 acciones de vivienda que se ubicarían en “El Quemado”.
Para ello, Sedatu y una empresa celebraron un contrato de obra pública consistente en 330 acciones parciales, 357 acciones totales y 137 de reubicación, acción en la cual se incluyó a las personas beneficiarias de “La Isla de Las Casitas”.
Según informó la Sedatu, la construcción inició en 2014 pero, dos años después, la empresa incumplió con el contrato, lo que tuvo como consecuencia “la falta de recursos económicos” para atender al total del padrón de personas beneficiarias, con el que hubo retrasos en la conclusión de la obra, sin que se encontraran evidencias de que la dependencia iniciara procedimientos para hacer válidas las garantías que el contrato establecía y así recuperar el dinero.
Además, argumentó que el retraso en la entrega de viviendas se debía a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la inspección del proyecto San Agustín II y, debido a que no contaba con autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, le impuso una “clausura total temporal” de las obras de construcción. Por este motivo, la empresa suspendió labores, por lo que no fue posible concluir el proyecto habitacional.
También informó que no se realizaron los estudios de análisis de riesgo, ni se tuvieron los permisos de uso de suelo, con lo que incumple directamente con la obligación que la Sedatu tenía de realizar dicho análisis con el fin de evitar la construcción de nuevos riesgos en la zona en la que se está construyendo un conjunto habitacional.