La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, dará pie a que el nuevo gobierno presente un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.
Al señalar que dicha ley contiene disposiciones contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos, explicó que la decisión de los once Ministros es de reconocerse debido a que invalidaron una disposición contraria a la Constitución mexicana y a los Tratados Internacionales, al contener elementos que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.
En reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.
Al respecto, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para México señaló: “celebro la decisión adoptada por la Suprema Corte Mexicana que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Constituye un indispensable precedente judicial como base para que el nuevo Gobierno presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública que la Comisión recomendó desde su Informe de País de 2015”.