Por actos y omisiones de servidores públicos de los tres niveles de gobierno que propiciaron “agresiones físicas y psicológicas, encierro en condiciones carcelarias y diversas vejaciones más en agravio de 536 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en la Casa Hogar de la llamada Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 14VG/2018.
La Recomendación por violaciones graves está dirigida a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); asimismo, se hace un llamado de atención al presidente Municipal de Zamora y a los Gobernadores de 15 estados: Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
Tras su investigación, la CNDH confirmó que el albergue para menores “La Gran Familia”, en operaciones desde 1948 en Zamora, Michoacán por Rosa del Carmen Verduzco, al intervenir el sitio en julio del 2014, las autoridades hallaron habitaciones sucias con ventanas sin vidrios y resguardadas con filas de literas y colchones sucios, donde niños y adolescentes dormían hacinados o eran aislados por los directivos para cometer vejaciones en su contra.
En el albergue de la llamada Mamá Rosa “se vulneraron los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno e interés superior de la niñez y adolescencia, así como aspectos inherentes a la dignidad humana en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas del delito; a la protección de la salud; a la educación; a la integridad personal; a la identidad; a la seguridad jurídica; a la procuración de justicia”, en agravio de las 536 víctimas localizadas en la Casa Hogar en situación de extrema vulnerabilidad.
La CNDH halló a 536 víctimas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en condiciones precarias de higiene y de salud, por lo que se determinó abrir queja de oficio. Todos los afectados fueron internados por voluntad de sus padres o tutores y vivieron por años con restricción en su movilidad al interior del lugar, siendo víctimas de diversos abusos, tales como la privación de alimentos, agresiones sexuales, privación de la libertad y falta de atención médica que afectó su integridad.
La CNDH acreditó que las autoridades que estaban facultadas para ingresar a la Casa Hogar, no realizaron supervisión alguna, para que cesaran las situaciones en que vivían.
De la misma forma, se descuidó el cuidado y protección de las víctimas cuando salían de la Casa Hogar, en tanto condición de niña, niño, adolescente, adolescente embarazada o en estado de lactancia, mujer, hombre, persona con alguna discapacidad física o intelectual, así como en su calidad de víctima del delito.
Los servidores públicos “no protegieron a las 536 víctimas de delito. Se requiere a todas las autoridades involucradas colaborar ampliamente con la CNDH en las quejas que se promuevan ante las instancias que investigan las responsabilidades administrativas en que incurrieron servidores públicos. En caso de que la responsabilidad hubiera prescrito, se deberá insertar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales.
Se solicita girar una circular para evitar la repetición de agravios, así como capacitar al personal en materia de derechos humanos, sensibilización e identificación de víctimas en materia de trata de personas y de delitos, con perspectiva de género y enfocada a personas menores de edad.
A la Sedesol se le pide revisar los lineamientos relativos a la entrega de recursos en los programas de Coinversión Social, así como establecer los procesos de verificación para el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto y las sanciones a que se hagan acreedoras las instituciones que falsifiquen u oculten información sobre la utilización de los recursos públicos.
A la SEP se le solicita realizar una investigación exhaustiva en que se analicen los procedimientos de asignación directa de convenios de prestación de servicios profesionales tales como los que en su momento suscribieron el INBA y Conaculta con la Casa Hogar y, de advertir irregularidades en los mismos.
Al Gobernador de Michoacán se le pide conformar un grupo multidisciplinario e interinstitucional, que localice a las 536 víctimas, para generar acciones que resulten necesarias para restituirles en los derechos humanos que les fueron vulnerados; elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los albergues y casas hogar de esa entidad; implementar programas de prevención de trata de personas e impartir cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos.
Al IMSS se le requiere investigar las gestiones realizadas por las personas servidoras públicas de su Delegación en Michoacán respecto de los servicios médicos prestados a las personas albergadas de la Casa Hogar en los últimos 10 años, y expedir resúmenes clínicos.
A la CEAV se le recomienda presentar un informe respecto de la situación actual de cada una de las 536 víctimas directas del presente caso y sus procesos pendientes de trámite para restablecer sus derechos y los servicios que les deben otorgar; identificar a las personas servidoras públicas que no atendieron oportunamente a esas víctimas; informar de los avances en la aplicación del programa creado para la atención de este caso; colaborar con los Sistemas DIF Nacional y estatales para canalizar a las personas agraviadas a presentar las denuncias correspondientes sobre los delitos de que hayan sido víctimas.
Al titular del DIF Nacional, presentar una Campaña a nivel nacional, en coordinación con los sistemas DIF estatales, para visibilizar e identificar a personas menores de edad en situaciones de extrema vulnerabilidad y evitar que sean separadas de sus padres o quienes ejerzan su patria potestad; elaborar un Protocolo de Atención Integral para Personas Menores de Edad, Víctimas del Delito y en Condiciones de Extrema Vulnerabilidad de aplicación nacional para todos los Sistemas DIF.
Se solicita al DIF Nacional y a los Gobernadores de Baja California, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Querétaro realizar una investigación administrativa en que se identifique a las personas servidoras públicas de sus Sistemas DIF que omitieron dar asistencia a las víctimas que les fueron entregadas para sus cuidados y atenciones por parte de la PGR, y verificar que las familias contarán con los elementos que facilitarán su integración.