El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó realizar una verificación del uso del software Pegasus, el cual presuntamente ha sido utilizado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas.
Dicho proceso tiene por objeto requerir la documentación e información necesaria vinculada con el presunto espionaje, además de que permite a personal del organismo visitar las oficinas o instalaciones del responsable y revisar las bases de datos; no obstante, solo se mencionó que la instancia que será revisada es de seguridad nacional y pública.
El comisionado Joel Salas Suárez señaló que si bien el caso “Pegasus” se dio a conocer en junio del año pasado; la organización Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá, informó recientemente que el software sigue activo.
“El 18 de septiembre pasado, el Citizen Lab publicó un seguimiento al estudio ya mencionado, el cual muestra que el programa Pegasus de la compañía NSO Group continúa siendo operado en 45 países, incluido México; a julio de 2018, al parecer tres operadores continúan activos en nuestro país. El primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal mexicano es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso”.
Salas Suárez recordó que la revelación del espionaje hizo que el Núcleo de la Sociedad Civil que participaba en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), saliera de esta iniciativa ante la pérdida de confianza de las autoridades mexicanas.
“No es posible hablar de apertura y cocreación cuando alguna de las partes deja de confiar en la otra o bien actúa de forma simulada o contradictoria. Nuestro país tiene pendiente responder a nivel internacional por este caso, una razón más para desarrollar y concluir efectivamente las investigaciones correspondientes”.
El comisionado recordó que por este caso también existe una investigación en curso en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.