El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) alerta en el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018, fallas en la obligación del Estado de garantizarlo, en especial por políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal, así como deficiencias en la corresponsabilidad de empresas y sociedad, en al menos 11 “retos” para un medio ambiente sano.
En México, el 50% del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, con pérdida de biodiversidad; por emisión de gases de efecto invernadero hay pérdida de fertilidad del suelo, y aparición de erosión, lo que a su vez incide en la disminución de la producción de alimentos.
Por tipo de ecosistema, el porcentaje de pérdida es: en selvas 42.5%; en pastizales 39.8%; en el caso de bosques 27.5%; y en matorrales 10.3%, lo anterior como resultado de la expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para el ganado, actividades mineras, expansión urbana o creación de infraestructura, detalla el organismo.
Asimismo, México es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático, sobre todo en 13 entidades con vulnerabilidad muy alta a sequías o lluvias torrenciales en el sur y sureste del país, donde se concentra la pobreza y el rezago social: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
CONEVAL alerta que aún, la población que habita en localidades rurales y comunidades indígenas no cuentan con infraestructura de agua potable y servicios de drenaje en sus viviendas.
En 2015 a nivel nacional el 94.4% de población contaba con agua entubada en su vivienda; sin embargo, 12.8% de las viviendas particulares habitadas por población indígena no disponían de este servicio.
En el mismo periodo, la cobertura de población con drenaje en su vivienda fue de 91.4% a nivel nacional; en localidades urbanas fue de 96.6%; en las localidades rurales de 74.2% y de 73.1% para la población indígena.
En 2016, la cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales a nivel nacional fue de 58.2%, con diferencias importantes entre las entidades federativas, por lo que las personas que residen en Baja California (96.1%), Nuevo León (96.1%) y Tamaulipas (96%) tienen la mayor cobertura; mientras que las que habitan en Campeche (6.8%) y Yucatán (5%) la menor cobertura. CONEVAL urge a la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, así como de baños ecológicos.
Además, la disponibilidad efectiva de agua potable en las viviendas no está garantizada por la conexión a la red pública. A nivel nacional, 73% de los hogares con tubería de agua en su domicilio cuenta con el suministro diario, 13.9% de seis a tres veces por semana y 13.1% dos veces o menos por semana. La situación más crítica la sufre la población de los estados de Hidalgo, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, donde el suministro de agua diario es menor a 50% en las viviendas que cuentan con toma domiciliaria de agua conectada a la red pública.
El CONEVAL también resalta que si bien se ha alcanzado la desinfección de agua suministrada para consumo humano (97.3% en 2016), “esto no garantiza que así permanezca como consecuencia en algunos casos de la falta de mantenimiento de la infraestructura pública o de un inadecuado almacenamiento, lo que implica que la población no confíe en la calidad del agua suministrada”.
Por ejemplo, 70.8% de los hogares compra agua embotellada para beber, mientras que sólo el 12.2% bebe directamente agua de la red pública.
Urge un enfoque de sustentabilidad en el uso del agua, especialmente en el sector agropecuario, que utiliza 76.3% de la demanda total de agua en el país, y como consecuencia de fugas, se desperdicia cerca de 30% del recurso en la conducción en distritos de riego, lo que se verifica en un número importante de acuíferos sobreexplotados. Además, las actividades agrícolas contribuyen a la contaminación de cuerpos de agua a través del uso de fertilizantes y pesticidas, el cual se ha incrementado en 18.7% (171 a 203 toneladas por mil hectáreas) de 1996 a 2014, asegura el organismo.
CONEVAL identifica altos niveles de contaminantes en el aire de las principales zonas metropolitanas del país, lo que se ha traducido en un grave problema de salud pública.
Para 2016, se estima que el 4.7% de muertes fueron atribuibles a la contaminación. Los sectores que más inciden en la generación de contaminantes son las fuentes móviles (vehículos automotores) y la generación eléctrica. En 2015, 79.7% de la energía eléctrica generada fue a partir de fuentes convencionales y solo 20.3% de tecnologías limpias.
“Hay poca inversión y corresponsabilidad de las entidades que más contaminantes emiten para la generación de energías limpias”, alerta el CONEVAL.
La mala calidad del aire también se presenta al interior de las viviendas que utilizan leña para cocinar, principalmente en las comunidades indígenas y la población rural; en 2016, 7.6% del total de viviendas no indígenas cocinaba con leña o carbón y no tenía chimenea; en tanto 42.5% de las viviendas indígenas usaron leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea.
Por otra parte, apunta el CONEVAL, la ausencia de un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos deriva en la contaminación en mantos acuíferos, suelos y aire, así como en un bajo nivel de reutilización y valoración de los desechos.
En 2015, el porcentaje de acceso a los servicios de recolección de basura urbana fue de 85.9% de viviendas, lo que implica que 14.1% no desecha sus residuos a través del sistema de recolección y, entonces, es probable que se deshagan de ellos a través de la quema de estos o depositándola en barrancas, ríos u otras áreas naturales generando con ello contaminación.Además, sólo se recicla 5% del total de los residuos sólidos generados.
CONEVAL alerta qué hay “poco control” y falta de información sobre los generadores de residuos peligrosos, lo que lleva a un mal manejo de estos, teniendo impactos negativos en la salud de las personas.
Falta de un enfoque transversal en el abordaje del derecho al medio ambiente para establecer estrategias conjuntas en la materia (políticas de movilidad, de vivienda, de salud, entre otras) con la corresponsabilidad de la sociedad, del sector empresarial y de todos los órdenes de gobierno, para la conservación del medio ambiente, finaliza el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018.