Organizaciones como la Fraternidad Carcelaria, México SOS, Confederación Auténtica de Trabajadores, Construir la Paz y Reformar la Justicia, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Movimiento Blanco y Ciudadanos por México, reconocieron su complacencia por la inclusión de varias propuestas en temas de seguridad, justicia, transparencia y paz, que fueron entregadas al presidente electo el pasado 22 de octubre, porque se encuentran plasmadas en el Plan de Seguridad 2018-2024, que presentó el pasado 13 de noviembre.
La sensibilidad mostrada por Andrés Manuel López Obrador respecto de la “apertura para la observancia y la participación de organismos de la sociedad civil” en la estrategia encaminada a la pacificación y estado de derecho, nos da visos de esperanza para emprender un trabajo conjunto, profundo y con sentido hacia la seguridad basada en la justicia que hoy demanda México, plantean.
Las agrupaciones resaltan la necesidad de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior; el desarrollo de la juventud sin violencia, adicciones, ni delitos; manos limpias en el gobierno, combate a la corrupción y reforma al sistema penitenciario; empero, manifestamos que tanto estas, como otras propuestas, se tratan de manera muy superficial en el Plan de Seguridad y carecen de los cómos para darles operatividad, tampoco establecen los indicadores para su monitoreo social, evaluar su avance y efectividad.
Luego de que legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propusieron en el Congreso modificaciones constitucionales para la creación de la Guardia Nacional, las agrupaciones reconocen que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador propone la creación la Guardia Nacional con marinos y militares transformados en policías.
“Proponemos que sean los propios soldados y marinos los que elijan si siguen siendo militares o se convierten en policías, no conviene violentar la vocación que tomaron al elegir la carrera de las armas”, apuntan las agrupaciones.
“El grado de aceptación y confianza por parte de la ciudadanía que hoy tienen las Fuerzas Armadas es muy alto; en tanto, que el de las policías es bajísimo. Lo mismo ocurre cuando se compara con base en el respeto a los derechos humanos, ya que el porcentaje de militares que tienen denuncias por violación a los derechos humanos son un mínimo contrastado con la alta incidencia de las policías”, resaltan.
Por otro lado, nos parece importante señalar que no basta la buena intención que tienen tanto el presidente electo y su equipo al buscar la pacificación, la justicia y que estado de derecho se consoliden. Un ejemplo de ello es que atribuye al combate a la corrupción gubernamental como la “panacea” o fórmula casi inmediata para concretar la seguridad. Pedimos en ese y otros puntos trabajar con realismo y profundidad.
Las organizaciones sociales encabezadas por la Fraternidad Carcelaria, México SOS, Confederación Auténtica de Trabajadores, Construir la Paz y Reformar la Justicia, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Movimiento Blanco y Ciudadanos por México, apuntan que no se habla de una revisión integral del sistema de justicia tendiente a abatir la impunidad.
Asimismo demandan concreción de la propuesta para que la Fiscalía General de la República sea encabezada, por medio de propuesta de una terna al Senado, por lo que piden al presidente electo que defina cómo va operar el Fiscal designado por él y cuáles serán los indicadores para mostrar su eficacia en la aportación a la justicia y su responsabilidad ante la sociedad.
Respecto del Sistema Penal Acusatorio las agrupaciones alertan que el plan de seguridad carece de alusión sobre una profunda revisión del mismo para que dotarlo de eficacia y lograr que genere plena confianza a la sociedad.
No se hace mención sobre una revisión que permita sancionar a la autoridad que haya violado “el debido proceso” en la detención o integración de las indagatorias de los presuntos delincuentes y que los procesos puedan reponerse para evitar que el criminal evada la acción de la justicia. Mucho menos se menciona contar con instrumentos legales para sancionar a aquella autoridad que favorezca o encubra a delincuentes.