La Ley de Seguridad Interior “no es un recurso jurídico que necesite el nuevo gobierno”, aseguró Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, ante su posible declaración de inconstitucionalidad por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista, tras participar en la presentación del nuevo Plan Nacional de Paz y Seguridad, afirmó que “hay muchos indicios que nos hablan de que esta Ley de Seguridad Interior sea declarada inconstitucional, ojalá que así sea. No es un recurso jurídico que necesite el nuevo gobierno”.
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Explicó que la administración federal que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “proponemos la creación de la guardia nacional, previa modificación de diversos artículos constitucionales, con un contenido muy diferente al que se plantea en esa ley”.
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Al respecto, Bernardo Bátiz, señaló que la Guardia Nacional, que propone el nuevo plan de seguridad, “está concebida en la Constitución como un apoyo del pueblo para casos difíciles, y ahorita estamos en un caso difícil”.
Señaló que esta guardia tiene un espíritu democrático. “Véanlo como está en la Constitución, inclusive como está ahora, es el pueblo organizado y como se dijo aquí, las Fuerzas Armadas son el pueblo, nada más requieren ser bien mandadas”.
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Cuestionado sobre la posibilidad de tener una Ley de Amnistía, Durazo subrayó que “toda amnistía implica una ley y de llegar a ese punto tendríamos necesariamente que promover una iniciativa ante el Congreso de la Unión. Es una decisión tomada. Tenemos que explorar, por eso dijimos es tiempo de debatir, para que juntos construyamos los mejores términos de avanzar eventualmente en esa propuesta”.
Sobre la búsqueda del desarme de los grupos de la delincuencia organizada indicó que en esta primera etapa “estamos planteando la necesidad de explorar todo tipo de opciones con el propósito de lograr la paz en el país. En otras naciones, en contextos más politizados, se ha llegado a negociaciones con organizaciones que han tenido connotación política, pero también criminal. Creemos que esto es posible sujeto a una serie de condicionamientos como la reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme y por supuesto, a la no repetición de los actos crimínales”.
Durazo también reconoció que no se optó por usar a los elementos de la Policía Federal para integrar la Guardia Nacional, entre otros factores porque es cuerpo civil, pero con base militar y porque “está en grave proceso de descomposición. Tampoco tenemos tiempo para formar a los policías que son imprescindibles para garantizar una seguridad mínima a la población, esa es la razón principal”, toda vez que se emplearán policías militares y navales, a partir del primero de diciembre próximo.
Sin embargo, aseguró que se realizará una depuración de la Policía Federal, pues enfatizó que “no hay crimen organizado sin protección de los cuerpos de seguridad”.
Por lo que respecta a las acusaciones lanzadas por el abogado del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, de que éste supuestamente habría entregado sobornos al ex presidente Felipe Calderón, y al actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto, entre otros funcionarios, Durazo destacó que “lo deben aclarar los involucrados. Si queda en una declaración como fue expresado, no tiene mayor valor jurídico. Tiene que haber una denuncia”.
Por su parte, Santiago Nieto, futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que hasta el momento las acusaciones “se tratan de un dicho, es importante que en su caso se presenten las pruebas. Hay que esperar a ver si se presentan, pero creo que lo más importante es que se actúe con total madurez y responsabilidad dentro del marco constitucional del derecho”.
Subrayó que lo que se tiene que diferenciar es la “política del próximo gobierno al gobierno que aún se encuentra en funciones, que es el apego a la Constitución y la ley”.