El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que no es prudente dar verosimilitud a los señalamientos que hizo la defensa de Joaquín ‘Chapo’, Guzmán, respecto a que el Cártel de Sinaloa pagó sobornos al ex presidente Felipe Calderón y al presidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista luego de la inauguración de la Segunda Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal que se realizó en Ramos Arizpe, Coahuila, el funcionario federal sostuvo que como parte del juicio, los imputados pueden hacer las afirmaciones que consideren.
“Hay que tomarlo de quien viene, el abogado, la defensa y los imputados pueden hacer las afirmaciones que consideren, no creo prudente darles verosimilitud, sino hay ningún indicio, ni por asomo alguna prueba de lo que sostiene”.
En otro orden de ideas, Sales Heredia urgió al Congreso de la Unión a aprobar la Ley de Justicia Cívica e Itinerante que propuso el Presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017 y subrayó que el fortalecimiento del vínculo entre policías municipales y jueces cívicos es lo que garantiza la prevención situacional y social de los delitos.
“Tenemos que aprender a entender que es ahí donde tenemos que construir, en la base, en la justicia de lo inmediato, de lo que realmente afecta al ciudadano; Policías Municipales en estrecha coordinación con Jueces Cívicos tienen que atender los temas, contravenciones y faltas administrativas. Que si no se atienden oportunamente, se convierten en delitos, y precisamente por eso urge la aprobación de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante; se propuso por el Presidente Peña Nieto en diciembre pasado y se encuentra ya en el Senado, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, es necesario que se apruebe esta ley”.
El funcionario federal subrayó que para construir mejores policías a futuro y seguridad desde lo inmediato, las autoridades tienen que dignificar la labor de los agentes y apostar por la coordinación, la corresponsabilidad, la cooperación, el compromiso y por una relación de confianza.
Asimismo, insistió en modificar el Artículo 123 constitucional, para permitir la reinstalación de policías, fiscales y peritos que demostraron que fueron injustamente cesados y removidos de sus cargos.