El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregar la información estadística sobre la matriz de casos de cohecho de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Un particular solicitó datos sobre la ronda de evaluación en que se encuentra México, cuántas recomendaciones tiene y el número de casos de cohecho; no obstante la dependencia clasificó la información, al argumentar que ésta fue entregada por la OCDE con carácter de confidencial, además de la matriz contiene los casos de cohecho en los que podrían estar involucradas empresas o funcionarios mexicanos, por lo que su difusión podría menoscabar la conducción de negociaciones o relaciones internacionales.
El comisionado Joel Salas Suárez destacó que la información solicitada es de carácter estadístico, por lo que no permite identificar a las personas que pudieron haber cometido algún delito.
Indicó que la difusión de esta información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades para controlar la corrupción y evitar que casos como el Odebrecht se vuelvan a repetir.
“Permitirá a las instituciones conocer el estado que recibe de la administración anterior a este respecto y para la nueva administración planificar mejor las acciones anticorrupción que emprenderá, especialmente la información servirá a la Secretaría de la Función Pública brazo del Ejecutivo Federal para controlar la corrupción en materia administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción, como lo dijimos, que será la responsable de perseguir los delitos relacionados con casos de corrupción nacionales y transnacionales. La utilidad de la información de este recurso va más allá de la rendición de cuentas, puede servir para que población y autoridades colaboren entre sí para asegurar que casos como Odebrecht no ocurran con impunidad ni se repitan”.
Salas Suárez recordó que México se comprometió internacionalmente a identificar y castigar a los mexicanos que comentan cohecho internacional, para lo cual debe tipificar como delito de cohecho internacional, establecer sanciones y prohibir prácticas como la capacidad de deducir fiscalmente los pagos de soborno a funcionarios extranjeros.
Sin embargo, destacó que mientras en otras naciones ya hay sanciones por el caso Odebrecht, en nuestro país no hay ninguna.
“Las investigaciones han desembocado en sanciones, tanto para la empresa, como para funcionarios públicos en Brasil, Argentina, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Angola. En nuestro país, como lo señalábamos la semana pasada, todavía no se ha sancionado a ningún funcionario público. La posibilidad de que casos como Odebrecht sucedan podría reducirse en la medida en que los países ratifiquen las convenciones internacionales que promueven el fortalecimiento de los marcos institucionales y la colaboración entre países”.
Indicó que de acuerdo con el informe de Transparencia Internacional sobre el cumplimiento de la Convención de la OCDE contra el cohecho transnacional, México abrió tres investigaciones, una en 2014 y dos en 2015; no obstante ninguno de los tres casos fue resuelto.
Agregó que en Estados Unidos y Colombia se está investigando las actividades de Cemex y en España se realizan indagatorias de las actividades de Grupo México; sin embargo en México no hay investigaciones en contra de ambas compañías.