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En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acordó llamar a reunión de trabajo al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo, confirmó que el encuentro se llevará a cabo en privado, en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, el próximo miércoles 24 de octubre, a las 17:00 horas.
Por su parte, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Lorena Villavicencio, exigió que la Procuraduría de a conocer, cuando la sentencia cause estado, los términos del acuerdo establecido con el ex mandatario, y que derivó en la reducción de la pena a tan solo nueve años de prisión.
“Tienen que mostrar a la ciudadanía lo convenido en el acuerdo de procedimiento abreviado, nadie conocemos cómo se logró este acuerdo, qué contiene este conviene, si realmente se van a incautar estas viviendas, cuál es su valor, por qué se redujo la pena a nueve años lo que es vergonzoso y aberrante en términos de lo que implica la aplicación de la ley, le ofrecen absoluta impunidad”, recriminó la congresista.
Subrayó que en cuanto el funcionario se presente, los congresistas que demandaron llamarlo a rendir cuentas, determinarán y anunciarán las medidas legales a tomar contra el funcionario en cuestión.
Recordó que hace unos días, el Pleno de la Cámara aprobó un acuerdo para citar al Subprocurador Alberto Elías Beltrán, para “evaluar” el estado de cosas que privan en la PGR y analizar los casos relevantes que lleva, como el de la condena contra el ex gobernador Duarte de Ochoa.
Villavicencio Ayala advirtió que en lo personal y para muchos otros congresistas, el papel que ha jugado el encargado en la PGR, es de “defensor de oficio” del ex mandatario y ex priísta; aunado a que la Secretaría de Hacienda también accedió a establecer un acuerdo “a oscuras” con el inculpado.
Manifestó que la PGR fue omisa al atender las denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos en el gobierno de Veracruz, presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dicha postura derivó en la reclasificación de los delitos imputados al ex funcionario, lo que le permitió librar la acusación por delincuencia organizada y acceder al beneficio de terminación anticipada del procedimiento penal.
La autoridad, añadió la congresista, determinó decomisar solo 44 inmuebles ligados al ex mandatario e imponerle una multa de aproximadamente 58 mil pesos, lo que calificó como una “burla” y un “atropellamiento al estado de derecho”.
Por lo anterior, exigió, es preciso que la PGR aclare por qué negoció con Duarte esos beneficios legales, omitió atender las querellas de la ASF, por qué no acreditó el delito de lavado de dinero y por qué no lo investigó por peculado.