El designado titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la siguiente administración, Javier Jiménez, manifestó que la consulta sobre el destino del Nuevo Aeropuerto, no está en la ley, pero no es un ejercicio ilegal.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, después de reunirse con integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA, Jiménez Espriú agregó que la consulta solicitada por el presidente electo no tendrá ni datos ni dados cargados.
“Se ha discutido mucho, se nos dijo incluso que la consulta era ilegal, cosa que no es, no está en la ley esa consulta, pero no es ilegal; es una consulta porque el presidente electo, o sea el primer mandatario, ha dicho que va a tomar la decisión que le dé el pueblo”, dijo.
“Los datos no estarán cargados, y trataremos de que sean objetivos, el Ejecutivo le va a preguntar a la comunidad lo que le quiere preguntar y en función de los que diga la comunidad va a actuar el Ejecutivo. Le tenemos confianza al pueblo de México”, abundó el siguiente funcionario.
Cuestionado respecto a los términos del mecanismo por aplicar el próximo 28 de octubre, manifestó que será a mediados de la semana entrante cuando se defina la mecánica, logística e incluso el costo de dicho procedimiento, el cual dijo desconocer.
“Estamos afinando porque todavía estamos recogiendo muchas opiniones que con las que tenemos que tomar en cuenta para orientar las preguntas que vamos a usar en la consulta, en la encuesta (…) Le voy a dar, después le doy el nombre la persona que se encarga de los dineros para que él le conteste esa pregunta porque yo no me la sé (…) queremos gastar lo menos posible pero no sé cuánto”, planteó.
Admitió que no ha sido fácil mantener la objetividad en torno a la realización de la consulta, en tanto que la opinión original de López Obrador y los integrantes de su equipo es en contra el proyecto lanzado por el gobierno del Presidente Enrique Peña, y a favor de la propuesta de la Base Militar de Santa Lucía.
Agregó que en el procedimiento, la opinión de los ciudadanos será lo más relevante, y las opiniones de empresarios, especialistas, técnicos y académicos, se integrarán a la elaboración de las preguntas.