El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el segundo paquete de informes individuales de revisión a la Cuenta Pública 2017.
Se trata de 678 informes individuales, que sumados al paquete de auditorías presentado en meses pasados, representan el 62% del Programa Anual de Auditorías.
Entre los principales renglones del gasto donde se detectaron irregularidades e incumplimiento de objetivos, agregó, está la reconstrucción por los sismos de 2017.
Se identificó que los censos realizados no tuvieron control y hubo anomalías en la entrega de apoyos, apuntó el auditor.
Puntualizó que de marzo del 2017 a la fecha, se presentaron 53 denuncias penales, de las cuales siete se presentaron el pasado 7 de octubre, y se relacionaron con a Estafa Maestra, por un monto de mil 900 millones de pesos.
En total dijo, se han presentado 30 denuncias penales por contrataciones tipo Estafa Maestra, no solo contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), sino universidades locales y sistemas estatales de radio y televisión, por un monto aproximado de cinco mil millones de pesos.
“De marzo a la fecha se han presentado, por otra parte, 53 denuncias penales, entre ellas están siete en el mes de octubre, relacionadas con contrataciones al amparo del artículo primero, la Estafa Maestra pues, por un monto de mil 900 millones de pesos. En total incluidas estas siete, se han presentado ya 30 denuncias penales relacionadas con contrataciones celebradas por diversas dependencias”, insistió.
Respecto a la reconstrucción, manifestó que de 14 auditorías programadas, cinco concluyeron y arrojaron que la información recaba en municipios afectados fue limitados, el censo de damnificados no tuvo el control necesario para evitar duplicidades.
Ello, aunado a que la entrega de apoyos se realizó de manera desordenada, sin identificar prioridades; y hubo falta de control en la dispersión de recursos.
También se encontraron fallas en la entrega y uso de recursos federalizados a estados y municipios, a través de mecanismos como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, FORTAFIN, adscrito al Ramo 23 del gasto público.
Los recursos no se entregaron, no se proporcionaron en efectivo, llegaron con retraso o bien, los municipios y estados beneficiarios, los metieron a la “licuadora”, para “confundir” e impedir su rastreo, agregó Colmenares Páramo.
“La Auditoría observó que uno de los elementos críticos a la gestión del Fortafin, lo constituye el hecho de que su presupuesto inicial de poco más de tres mil millones de pesos, terminó con un ejercicio reportado en la Cuenta Pública de 2017, de más de 50 mil millones de pesos, es decir, un incremento superior a mil 500%”, abundó.
Entre otros casos detectados en particular, señaló, está lo Cruzada Nacional contra el Hambre, en torno a la cual no se encontraron elementos para acreditar que sirvió en el combate a la pobreza alimentaria.
En el caso de los medicamentos para VIH, que se adquirieron en medio de proceso administrativos carentes de metodología y otras inconsistencias que podrían poner en riesgo la atención a esa problemática de salud.
En el caso de la filial de Pemex, P.M.I. Comercio Internacional, se encontró que no se alinea con los planes de la petrolera, no tiene estructura orgánica definida ni manual de organización, y no cuenta con metodología para una adecuada administración de riesgos.
Sobre la política de apoyo a emprendedores, manifestó que no se pudo acreditar la efectividad del Fondo Nacional Emprendedor.