En la Cámara de Diputados, se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Salud y expertos en materia de alimentación de Chile y México, quienes recomendaron promover una legislación que regule de mejor manera el etiquetado y publicidad de alimentos procesados, como una de las medidas para atacar el grave problema de obesidad y sobrepeso.
En ese marco, la especialista del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, Marcela Reyes planteó que la legislación en esa materia en su nación no avanzó de modo fácil ni rápido.
Al dar detalles de las negociaciones que duraron años, antes de que la norma regulatoria estuviese lista y entrara en vigor en Chile, la especialista indicó que se hicieron esfuerzos para restringir la utilización en empaques de alimentos procesados, en especial pastelillos, golosinas, bebidas azucaradas y productos dirigidos a menores de edad, de colores, frases e incluso personajes llamativos.
“No hay una sola bala que elimine todo el problema, porque la verdad es multifactorial y necesitamos otras cosas. Por ejemplo, otras cosas que se hicieron es que subimos el impuesto a bebidas azucaradas en 2014, mucho menos que ustedes, pero estamos avanzando a ver si se puede aumentar. Y dentro de los siguientes pasos está el alimentar el precio a los alimentos altos en ese contenido, y muchas otras cosas que se deben hacer, entendiendo que no nos podemos quedar detenidos acá, porque tal vez esto no sea suficiente por sí solo”, agregó.
Reyes Jendlicky indicó que en su país, la industria de los alimentos empaquetados lanzó advertencias respecto al retiro de inversiones, pérdida de empleos y afectaciones económicas que implicarían regular la publicidad y el etiquetado.
Al final, indicó, cumplieron la ley y buscaron alternativas para mantener sus ventas, como incursionar en el mercado de los productos sanos y redireccionar la publicidad.
“En un principio debate, negación, no esto no es posible, el producto interno de Chile va a caer abajo, el desempleo, esta es una medida draconiana, ningún país del mundo lo ha hecho, vamos a ser el hazmerreír a nivel mundial, vamos a salir del país, miles de cosas. Pero finalmente lo que predomina es cumplimiento, la verdad es que finalmente por muchos alegatos, por mucho que no les gustó, cumplen la ley”, añadió la investigadora.
Al enfatizar que la ciudadanía tuvo una buena respuesta a las disposiciones y lejos de rechazarlas, las valoraron como algo necesario, en vista que el 70 por ciento de la población en Chile presenta sobrepeso y obesidad en distintos grados.
Recalcó que la inacción tiene un alto costo, más que el de enfrentar a la industria.
Por su parte, Alejandro Calvillo, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, recordó a los diputados que ya tienen un documento avalado por las autoridades en materia de nutrición y que puede ser utilizado para legislar en la materia.
En el encuentro, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Elba Torres, subrayó que la Secretaría de Salud federal no ha informado sobre el destino y uso de 410 millones de pesos captados a través del cobro del Impuesto Especial (IEPS) a alimentos altos en contenido calórico y bebidas azucaradas.
Legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), coincidieron en señalar que la obesidad y el sobrepeso son un grave problema de salud pública en México.
También lamentaron que en los intentos de legislar en la materia y fortalecer la regulación, se haya sumado a los representantes de la industria de los alimentos procesados participar, que han ejercido presión sobre autoridades y congresistas para no ver afectadas sus ganancias.