Al concluir la presente administración, habrán pasado seis años sin avances en materia de políticas públicas para combatir la obesidad, toda vez que la única medida que tuvo “un impacto a medias” fue el impuesto a los refrescos, mientras que el etiquetado de bebidas y alimentos procesados ha quedado demostrado no sirve debido a que puede llevar a que se consuman grandes cantidades de azúcar o sal, además de que la publicidad dirigida a niños no ha sido regulada y en las escuelas se incumple la normatividad vigente, afirmó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Cosumidor.
“No se regula ni en televisión los horarios y los programas que más ven los niños, no hay regulación en espacios exteriores, en los regalitos, en el diseño de los empaques para atraer a los niños; escuelas acabamos de sacar un informe de una evaluación muy seria muy sólida científicamente, no se está cumpliendo una regulación que lleva 8 años y que desde hace 4 es obligatoria, entonces es una gran simulación hecha entre autoridades en contubernio con la industria”, puntualizó.
En conferencia de prensa, esta y otras organizaciones denunciaron que han sido incumplidos los dos compromisos adquiridos por México a través del proceso de Gobierno Abierto del que forma parte. Uno, reformular el etiquetado de alimentos y bebidas, y dos, evitar conflicto de interés en el diseño y evaluación de la política contra la obesidad.
Al respecto, Yarishdy Mora, quien preside la Coalición ContraPESO, consideró que el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) debe ser reestructurado pues once de los 20 asientos del organismo son ocupados por “industria disfrazada de sociedad civil”, bajo el consentimiento de la Secretaría de Salud.
“Un organismo así en realidad no funciona, porque como dije anteriormente no puedes ser juez y parte de tu propia regulación, lo deseado para la siguiente administración es que no continúe como está, que no esté regulado por una Secretaría de Salud tan laxa y tan permisiva que la industria tenga voz pero que no tenga voto”, comentó.
En este contexto, las organizaciones civiles confiaron en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya una política pública libre de conflicto de interés en la definición de las leyes en cualquier materia, que la industria sea escuchada pero que no decida pues sus intereses son económicos y no proteger los derechos de la población.