En el caso de las investigaciones a funcionarios públicos por el caso Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha sido omisa y las indagatorias fueron exhaustivas, aseveró la titular de esa dependencia, Arely Gómez.
Al comparecer ante comisiones en la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, la funcionaria aseveró que a raíz de las indagatorias, han sido sancionados administrativa y económicamente diversos funcionarios; al igual que el consorcio, que ha sido inhabilitado para establecer más acuerdos con organismos públicos.
“No podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso, al contrario, la Secretaría de la Función Pública es el primer país que inhabilita a la empresa constructora, sin contar con acuerdo reparatorio. La sanción económica impuesta contar las empresas filiales de la constructora, es una sanción histórica, es la sanción más alta que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública”, dijo.
“Como resultado de estas investigaciones, al día de hoy tenemos 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, que se han resuelto a la fecha, ocho ya con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas. Tres de inhabilitación para la constructora Norberto Odebrecht, y una multa económica por 543 millones de pesos”, detalló
También se inhabilitó a la filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional, que recibió una multa por 543 millones de pesos; asimismo se inhabilitó y se multó económicamente a dos representantes legales de la constructora brasileña, abundó.
En el caso de Pemex, dos servidores públicos fueron destituidos e inhabilitados por un periodo de 10 años, agregó.
Ante los insistentes cuestionamientos de los congresistas, dejó en claro que la Función Pública se limita a analizar las faltas administrativas, por lo que las sanciones penales le competen al Ministerio Público.
Respecto al caso del socavón abierto en el Paso Exprés, Gómez González manifestó que la Función Pública está dispuesta a seguir con las pesquisas, siempre y cuando surjan datos y evidencias novedosas, a partir del estudio de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En cuanto al Sistema Anticorrupción, reconoció que está incompleto, por la falta de nombramiento del Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados en materia administrativa. Tras recalcar que esa tarea toca al Senado de la República, dijo confiar en que esos pendientes se resolverán en breve.
Para cerrar su presentación, entregó a los diputados federales un anteproyecto de iniciativa de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que lo tomen como documento de trabajo y en caso de considerarlo pertinente formular una propuesta concreta que pueda ser aprobada.