La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró que en el caso del profesor Érick Uriel Sandoval Rodríguez, finalmente se haya hecho justicia y una jueza haya decretado su libertad inmediata, por lo que la noche de este lunes abandonará el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 en Gómez Palacio, Durango.
Indicó que la detención de esta persona, a quien las autoridades confuncieron con Edgar “N”, La Rana, implicado en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue una actuación irregular de la Procuraduría General de la República (PGR), lo que da cuenta de que la justicia es uno de los grandes retos del país.
Agregó que este caso acentuó la violación a los derechos a la verdad y al acceso a la justicia que corresponde a las víctimas de los trágicos hechos de Iguala y destacó que tuvieron que pasar 224 días desde que esa persona fue injustamente privada de la libertad para que un juez ordenara su libertad.
La impartidora de justicia resolvió, dentro de la causa penal 66/2015, abierta por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que las autoridades incurrieron en irregularidades, lo que afectó el debido proceso.
La resolución en la que se decreta la libertad de Sandoval Rodríguez se basa en la desvaloración judicial de pruebas que implican en los hechos al individuo identificado por sus cómplices como “Édgar”, “La Rana”, real partícipe de los eventos criminales, no sobre el hecho demostrado fehacientemente por la CNDH relacionado con la identidad de Érick Uriel Sandoval –jamás reconocido por la PGR— de que no era él a quienes los presuntos ejecutores de los abominables hechos de Iguala se referían en sus declaraciones.
A pesar de que la CNDH entregó pruebas de la inocencia de Sandoval Rodríguez, la PGR mantuvo su injusta acusación contra un inocente, mientras que, según sus propias pruebas, el verdadero presunto partícipe de los hechos goza de libertad en total impunidad.
Finalmente, la CNDH expresó que para acceder a la justicia se requieren voluntad política y adecuaciones normativas, institucionales y operativas para hacer efectiva la protección a los derechos.