El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, reconoció que los problemas de inseguridad y violencia en el país son graves, pero se han hechos esfuerzos para enfrentar la situación.
“Reconocemos que a pesar de intensos esfuerzos de muy distintos órdenes de gobierno, los problemas en materia de seguridad pública siguen siendo graves, y que los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país, exigen seguir reforzando las acciones para devolver la paz y la seguridad a las familias de todo nuestro país”, indicó.
Al comparecer ante comisiones en la Cámara de Diputados, también se pronunció a favor de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Explicó que el alza en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, se debe a una serie de factores que van desde el avance del crimen organizado y sus redes a nivel nacional e internacional, a la urbanización del territorio nacional, a las acciones insuficientes en prevención social del delito, así como al ingreso de armas provenientes de Estados Unidos.
A los cuestionamientos de legisladores de la mayoría, por el fracaso de la política en seguridad y las condiciones en que se encuentra el país, afirmó que el presidente Enrique Peña no dejará a México en crisis económica, política o social. Por el contrario, se entrega un país en paz, con instituciones fuertes y con esperanzas renovadas por el nuevo gobierno.
“Es que este país no lo deja el presidente Peña ni con crisis económica ni con crisis política ni con crisis social. Y lo argumento, a este país en donde dice usted vive, que no creen en sus instituciones, habría que decirle a 50 millones mexicanos que fueron a las urnas, creyendo en sus instituciones democráticas y que eligieron un gobierno, no lo eligieron por la desesperanza de lo que no había”, sino por el proyecto que se presentó como opción frente a los ciudadanos, reviró a los señalamientos de la vicecoordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Clouthier.
En cuanto a la gobernabilidad, aseveró que el objetivo del Ejecutivo Federal fue mantener esa condición y que las elecciones del 1 de julio se llevaran a cabo en un ambiente de certeza y en paz, apuntaladas en instituciones fuertes, cosa que sucedió.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, lo señaló por promover recursos legales para evitar que involucrados en el caso del desvío de recursos públicos hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde el gobierno de Chihuahua, respondan ante la ley.
El secretario Navarrete Prida le aclaró que él no presentó ante la Suprema Corte ningún recurso legal. Es una controversia constitucional planteada por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de aclarar qué gobierno, si el de Chihuahua o el Federal, tienen competencia en las investigaciones en torno al caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien se señala como presunto involucrado en el uso ilícito de recursos del estado, que habría tenido como destino las campañas electorales del PRI.
La Presidencia de la República no busca impunidad, sino aclarar competencias, subrayó.
También admitió que las instituciones de seguridad a nivel local presentan una debilidad que no ha podido revertirse, y aunque se invirtieron 82 mil millones de pesos en su fortalecimiento, el objetivo no se logró.
Enfatizó que al Congreso le corresponde definir el modelo policial a aplicar, si único o mixto, pero en 10 años no ha podido tomar una decisión. La falta de definición sobre las reglas a seguir por las Fuerzas Armadas, genera inestabilidad y debilidad institucional, agregó.
Refrendó que por ello, se decidió mantener la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, y es preciso que el Congreso defina reglas claras para dar respaldo a dichas tareas.
Respecto a la reducción del presupuesto para prevención social y acciones contra la delincuencia, argumentó que la medida se tuvo que tomar debido a la caída de los ingresos petroleros del país, y a que se determinó no elevar impuestos ni contraer más deuda.
Recordó que los recortes presupuestales en los últimos años ascendieron a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Admitió que en algunos puntos del territorio nacional se registran inaceptables niveles de violencia y los homicidios violentos se han recrudecido, debido a la proliferación de armas provenientes en un 80 por ciento de Estados Unidos.
En 2007, el 30 por ciento de los homicidios con violencia se cometían con armas de fuego, actualmente el 70 por ciento de esos delitos implica el uso de esos artefactos, dijo.
En el transcurso de la comparecencia, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, le echaron en cara el tener un expendio de billetes de Lotería, mismo que el funcionario dijo, es legal.
Con el diputado Fernández Noroña, el titular de gobernación tuvo un intercambio de referencias históricas. El legislador se comparó con el general liberal Leandro Valle, y le dijo al secretario que él era como Miguel Miramón, al llamarlo “patriota trágico”. Si viviéramos en el Siglo XIX, le advirtió, “sería pasado por las armas”.
En respuesta, el funcionario le dijo a su “amigo” y “adversario político”, con el que reconoció no tener diferencias personales, que él más bien le recordaba a Juan Nepomuceno Almonte, general y diplomático mexicano quien se recuerda por ser partidario del emperador Maximiliano.
La referencia molestó al diputado Fernández Noroña, que al no poder replicar, se enfrascó en un enfrentamiento verbal con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera y “tomó” la Tribuna del Salón Verde de San Lázaro, para emitir un nuevo reclamo contra la legisladora y el funcionario federal.