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En la Cámara de Diputados, de última hora y con la oposición del Partido Acción Nacional (PAN), se avaló un acuerdo para pedir al Gobierno Federal, revisar los decretos firmados por el presidente Enrique Peña, y que liberan concesiones para la extracción de agua.
La moción promovida por legisladores de todas las bancadas, excepto la albiazul llama al titular del Ejecutivo revisar los decretos publicados en junio pasado y en este mismo mes de octubre, que autorizan entregar concesiones para explotar el recurso hídrico.
Demandaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informe sobre el estado en que se encuentran las cuencas nacionales, qué se ha hecho para garantizar el respeto al derecho humano al agua, y de “los alcances de los decretos y acuerdos y del Sistema de Trámites en internet a cargo de la dependencia”.
Solicitaron que ese organismo presente información sobre las acciones derivadas de los Decretos de Reserva de Agua, publicados oficialmente durante el presente gobierno, ejecutadas a través de obras, servicios, contratos, concesiones, arrendamientos y adquisiciones celebradas.
Lo anterior, para conocer su impacto en municipios, entes públicos y comunidades indígenas.
Aunque legisladores del Partido Verde (PVEM) consideraron que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña permitirán asegurar reservas de agua y preservación de 292 de las 757 cuencas existentes, también se declararon a favor de transparentar la decisión del Primer Mandatario en funciones.
Integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manifestaron que la decisión del presidente Enrique Peña en la materia, implica la privatización del agua, por lo que es necesario analizarla y en su caso, revertirla.
Integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manifestaron que la decisión del presidente Enrique Peña en la materia, implica la privatización del agua, por lo que es necesario analizarla y en su caso, revertirla.