La pregunta a plantear a los ciudadanos, en la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto, promovida por el Presidente electo, está sesgada y ofrece información incompleta que impediría a los ciudadanos emitir una opinión completamente informada, advirtió el vicepresidente del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados, Antonio Ortega.
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Por su parte, la vicecoordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, refrendó la postura de esa fracción e incluso la dirigencia del Sol Azteca, en cuanto a que la consulta es ilegal y su único fin es legitimar una decisión que el mandatario electo ya tomó y que no atenderá criterios técnicos.
En primera instancia, el diputado Ortega expresó que si bien la opción por la cual se inclina el Presidente electo, en la Base Militar de Santa Lucía, es más barata, se trata de una solución parcial que en 10 o 15 años representará un nuevo problema de saturación; mientras que la obra en Texcoco, que sigue en marcha, se saturará en 40 o 50 años más.
Al lamentar que los intereses políticos se vayan a imponer en la consulta referida, el legislador subrayó que se requiere una visión de largo plazo para resolver el problema que en términos reales, representa el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Consideró que la consulta a realizar a los ciudadanos, cuya pregunta se dio a conocer este lunes 15 de octubre, deja de lado el tema de la saturación de las terminales aéreas; las soluciones a corto, mediano y largo plazo; así como el destino de la obra iniciada por la saliente administración y que ha implicado una inversión millonaria no solo privada, sino pública.
El diputado Ortega Martínez consideró que será “tan insensato” cancelar la obra en marcha, como continuarla sin que se resuelvan las dudas en torno a la transparencia en la entrega de contratos, el daño ambiental que está provocando y el impacto social en las colonias y asentamientos aledaños tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.
A su vez, la diputada Juárez Piña insistió en que la consulta organizada por el equipo del Presidente electo es violatoria del artículo 35 constitucional, y se trata de una pantalla para encubrir una determinación que ya está tomada.
El ejercicio por realizarse del 25 al 28 de octubre próximos, señaló, carece de sustento legal y si a futuro se seguirán aplicando ese tipo de consultas, debería reformarse la ley, para darles la legalidad necesaria e impedir que se engañe a la población con que su punto de vista será tomando en cuenta.