Un empresario que por los altos índices de inseguridad en Ecatepec Estado de México, se vio obligado hace dos años a cerrar su bar y aun así, la delincuencia le asestó dos golpes en septiembre pasado; en el último evento, la Policía Estatal detuvo en flagrancia a 13 implicados y ninguno está preso porque la Fiscalía mexiquense los dejó en libertad bajo reservas.
Los efectivos policiales los detuvieron en flagrancia el 11 de septiembre con diversos objetos que pretendían robar del establecimiento con razón social Minezota, ubicado en avenida central 125, colonia Ciudad Azteca, municipio de Ecatepec.
El afectado, Roberto Gutiérrez, sostuvo que su caso es uno de tantos en la entidad mexiquense que sigue sumido en la impunidad, y a pesar de la confianza en la autoridad ministerial, ésta lo defraudó.
Explicó a MVS Noticias que por instrucción del Fiscal de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Dávila, los 13 sospechosos regresaron a la calles, a pesar de que el robo se cometió con violencia.
Y es que los delincuentes golpearon e incomunicaron al empleado que fue advertido por vecinos, y al llegar al establecimiento constató el saqueo.
“Se les presentó al Ministerio Público y nos dijeron los MPs que de todos modos iban a salir, que porque no había violencia, les explicamos que desbarataron el negocio, forzaron las chapas, golpearon a mi gerente y los MPs dijeron que no era suficiente a pesar de que les dijimos que uno de los detenidos ya había estado en el primer robo, 15 días antes”, precisó.
“Las pruebas pasaron inadvertidas y las impunidad se impuso a la justicia”, señaló.
“Demasiada corrupción, todo estuvo as favor de ellos, los protegieron demasiado. Yo fui a hablar con el particular del fiscal Juan Francisco Hernández, le expuse el caso me dijo que me iban a dar la atención y después al otro día me vuelve a hablar y me dice que siempre si los iban a dejar libres, que ya estaba de acuerdo el fiscal de Ecatepec”, aseveró.
El caso no concluye aun, ya que el empresario agraviado acudió a la Visitaduría Ministerial de la FGJEM, para que sea esta instancia la que realice un análisis jurídico de la carpeta de investigación y determine si hubo o no alguna situación anómala.
También recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde inició una queja por la presunta violación al derecho a la justicia, a la imparcialidad y al debido proceso.
@amarilloalarcon