La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, anunció que presentará, en la Comisión Permanente, una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El propósito, explicó el diputado Gustavo Cárdenas, es garantizar en la ley, que los recursos asignados a programas presupuestales, se otorguen en función de mediciones y evidencia estadística contundente, de que beneficiarán en los hechos a la población.
Los cambios al artículo 41 de la Ley de Presupuesto, argumentó, obligarán a la Secretaría de Hacienda (SHCP) a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos, la estimación sobre los recortes por ramo, capítulo y concepto de gasto.
La dependencia deberá incluir en el documento referido, datos sobre la evaluación de prioridades y el desempeño de políticas públicas y programas, así como cumplir con otros requerimientos técnicos, para que los diputados puedan determinar qué programas están cumpliendo con sus objetivos y deben mantener y recibir mayores recursos.
Consideró que el proceso legislativo para aprobar el presupuesto es en gran parte poco claro para los ciudadanos, aunado a que los Egresos aprobados por la Cámara de Diputados son modificados constantemente por la autoridad federal, sin aclarar el propósito y sin que se corrobore si esos cambios beneficiarán en los hechos a la población.
Por ello, aseveró que su fracción parlamentaria está comprometida “en asegurar que los presupuestos sirvan para ejercer, con responsabilidad y con un sentido de austeridad, cada centavo asignado a los programas presupuestales”.
En tanto, la presidencia de la Comisión de Justicia en San Lázaro, indicó que se analiza un exhorto a las autoridades federales y estatales, para que agilicen las acciones de supervisión del desempeño de agentes del Ministerio Público, en el marco de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Los integrantes de esa instancia parlamentaria reconocieron que, a más de un año de la implementación formal del nuevo sistema, los resultados no son los esperados.
Por el contrario, indicó, “son desalentadores”, puesto que persisten deficiencias, corrupción, violaciones a los derechos humanos, malas prácticas en los procesos judiciales, así como falta de acceso de las víctimas a la reparación del daño y a la justicia.