La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las acciones y controversias constitucionales que interpusieron el Congreso de la Unión, así como organismos defensores de derechos humanos y autoridades municipales en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Respecto a la acciones de inconstitucionalidad, éstas fueron presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, mientras que la acción de inconstitucionalidad que promovió Movimiento Ciudadano fue desechada por notoriamente improcedente.
Las controversias fueron presentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ayuntamiento de Hidalgo de Parral Chihuahua y la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.
En sus demandas, los organismos y legisladores argumentan que la ley invade atribuciones y competencias, además de que viola la Constitución, así como tratados internacionales.
Tanto las acciones como las controversias fueron acumuladas por existir identidad respecto del decreto combatido.