El gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, respondió al, apartado referente al país, contenido en el Informe Anual de la organización Human Rights Watch.
A través de un comunicado conjunto, el gobierno mexicano reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
Resaltó que las autoridades de todos los niveles han trabajado y continuarán haciéndolo para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos en todo nuestro país, aunque reconoció que existen desafíos importantes para alcanzar dicho objetivo.
En este sentido, el gobierno de nuestro país subrayó que se han emprendido acciones concretas para hacer frente a cada uno de los retos, entre las que destaca la entrada en vigor de la Ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
De igual forma, destacó que el Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas.
Informó que se continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, además de que el 95 por ciento de las 941 peticiones del grupo de expertos independientes han sido abordadas de forma efectiva.
Por otro lado, el gobierno mexicano reiteró su sólido compromiso de esclarecer y sancionar a los responsables del caso Tanhuato, mientras que el caso Tlatlaya se resolvió conforme a derecho.
Además, resaltó que se han instrumentado acciones para regular el uso de la fuerza en todos los niveles y se han instrumentado cambios para abatir la impunidad y perseguir las violaciones de los derechos humanos, al tiempo que, afirmó, se rechaza y condena todo acto de tortura y tratos crueles.