El procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, afirmó que ante el incremento del robo de teléfonos celulares, es necesario firmar acuerdos de cooperación con las compañías proveedoras de estos equipos, que permitan facilitar la investigación del ilícito.
En el marco de la primera Conferencia Nacional Extraordinaria de Procuración de Justicia 2018, afirmó que el problema constituye un desafío para las instituciones de seguridad de todo el país, por lo que planteó también regular el mercado de móviles usados mediante la emisión de una Norma Oficial Mexicana.
Asimismo, consideró necesaria la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, en el ejercicio de sus atribuciones, se cerciore de la procedencia de los aparatos, haciendo que quienes los expenden emitan comprobantes o facturas.
Sugirió otra medida “de carácter radical”, que consistiría en prohibir la compra-venta de celulares usados que no cuenten con algún documento que muestre la legalidad de su adquisición, o bien, dar de baja en definitiva este tipo de aparatos de modo que quede inhabilitado para usarse con otro chip.
Garrido Osorio detalló que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 73.6 por ciento de la población mayor de seis años cuenta con un teléfono inteligente, al tiempo que destacó que esta actividad ilícita representa para las víctimas una afectación de manera individual de 7 mil 538 pesos, en promedio.
Informó que en la capital del país se iniciaron en 2016 siete mil carpetas de investigación relacionadas con este tipo de delito, mientras que el año pasado el volumen de indagatorias casi se duplicó al iniciarse casi 14 mil.
El abogado de la Ciudad de México formuló a sus pares en el país una serie de estrategias para frenar el ilícito, tales como identificar los puntos de mayor incidencia a través de la georreferencia de zonas de riesgo, modus operandi, así como días y horarios de su comisión.