La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, abordó, como parte de su agenda política, el tema del diferendo entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda (SHCP), por la asignación pendiente de recursos por aproximadamente 700 millones de pesos.
Al fijar posicionamientos, la mayoría de las bancadas en el Legislativo reconoció que la confrontación forma parte del ambiente electoral del 2018.
Como era previsible, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las fracciones parlamentarias que le secundan, exigieron al gobierno de Chihuahua no politizar el asunto, si es que se trata de una cuestión técnica y financiera.
Los legisladores de la coalición Por México al Frente, es decir, del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC), advirtieron que con presión sobre los recursos federales y los gobernadores, el Ejecutivo Federal, a través de Hacienda y el PRI, buscan “calentar” el proceso electoral.
“No podemos calentar el proceso electoral involucrando las finanzas públicas. Si lo que pasa en Chihuahua es un tema de finanzas, que Hacienda responda. Si es un problema jurídico, apoyamos al gobernador para que lo lleve hasta la última instancia en la Suprema Corte, pero si este es un problema político, no podemos detenernos por algo de esta naturaleza, exhortamos a todos los actores políticos y públicos a no enrarecer el ambiente electoral”, demandó Ralis Cumplido.
En defensa del Ejecutivo Federal y Hacienda, el diputado del Partido Verde (PVEM), José Refugio Sandoval, afirmó que no se ha cumplido ningún convenio financiero con el gobierno de Chihuahua, que más bien, ha sido ineficaz en el ejercicio del presupuesto, de modo que el gobernador Corral, acusó, está engañando a la ciudadanía para ocultar sus deficiencias o está dedicado a organizar actos de campaña para el PAN.
A ese pronunciamiento se sumó el diputado priísta David García Portilla, que llamó “mitómano” al mandatario estatal y le exigió aclarar qué ha hecho con todos los recursos entregados por la Federación para combatir la inseguridad.
En respuesta, la diputada perredista Cecilia Soto, que hizo una cronología respecto a la firma del convenio entre Hacienda y el gobierno de Corral Jurado, afirmó que la dependencia federal “miente” y la retención de recursos se debe a las investigaciones contra el ex gobernador César Duarte y la detención del ex secretario general del PRI en la Entidad, Alejandro Gutiérrez, al que pidió aplicarle el Protocolo de Estambul, para corroborar si está siendo torturado, o de lo contrario, desmentir la versión del PRI.
El senador panista Daniel Ávila, aprovechó la tribuna de la Permanente para decirle al mandatario estatal que “no está solo” y tendrá pleno respaldo frente a las “venganzas políticas” del “PRI-Gobierno” en su contra. “Nos vamos a la Corte”, atajó.
A su vez, la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, que calificó como un “distractor” y como “cortinas de humo” las denuncias del mandatario chihuahuense, arremetió de lleno en su contra al afirmar que es un “primer actor” al que “le encanta la telenovela”.
Tras acusar que Corral Jurado ha asumido esa postura porque le está haciendo campaña al precandidato Ricardo Anaya, al que catalogó como “más peligroso” para el país”, que Andrés Manuel López obrador, la senadora Gastélum Bajo le sugirió al gobernante “no escupir” al cielo.
“No escupan para el cielo. Javier, no escupas para el cielo hermano, ya te está cayendo la saliva en la cara”, sentenció la legisladora.
En el debate, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Ana Guadalupe Perea y su compañero de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), Luis Manuel Hernández, hizo un llamado a la civilidad política y terminar con la confrontación, sin que los asuntos caigan en el juego mediático.
El senador del bloque Partido del Trabajo-Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado, David Monreal, afirmó que el caso Chihuahua se está generando porque se ha tocado el “talón de Aquiles” del PRI y el Gobierno Federal, que es el uso de los recursos públicos, en especial de los estados, con fines electorales.