El Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), no solo representa el cambio más relevante de los últimos 100 años, quizá desde la promulgación de la Carta Magna de 1917, sino también refleja un cambio cultural extraordinario como guía para construir el país de justicia que los mexicanos deseamos, coinciden magistrados, jueces, fiscales, Ministerios Públicos y peritos.
Las diferencias son profundas con respecto al sistema mixto inquisitorial, pues éste privilegiaba procesos escritos, burocráticos y largos, además de penas carcelarias, en tanto que el Sistema Penal Acusatorio Adversarial busca solucionar conflictos, ofrece criterios de oportunidad y racionaliza recursos.
Lo anterior se desprende del libro El Sistema Penal Acusatorio en México, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y cuya presentación fue realizada la noche del jueves pasado en el Auditorio “Juristas” de la Procuraduría General de la República (PGR).
La obra, de más de mil páginas, reúne 62 ensayos de académicos, funcionarios públicos, doctores en derecho y expertos en leyes, como los extitulares de la PGR, Sergio García Ramírez (1982-1988), Humberto Benítez Treviño (1994), Rafael Macedo de la Concha (2000-2005), y Arely Gómez González (2016); ésta última, compiladora del volumen.
Roberto Ochoa Romero, titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), hizo énfasis en la necesidad de promover la homologación de la arquitectura institucional en materia de procuración de justicia, así como el diseño y posterior aplicación de un Código Penal único.
Luego de hacer un recuento desde las reformas para instituir el SPPA, en junio de 2008, así como los retos superados por legisladores, además de los cambios, objetivos y metas propuestas para consolidarlo, comentó que el libro, reúne las experiencias de muchos de quienes buscan un mejor país.
A este evento acudieron, entre otras personalidades, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, Sergio García Ramírez; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos Flores.