La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2017, dirigida al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, por la detención y retención prolongada de un migrante hondureño, a quien se le imputaban delitos relacionados con delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Asimismo, la CNDH acreditó que el Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) cumplimentó indebidamente una solicitud de arraigo en instalaciones militares por un período de cinco días, ocasionando que el agraviado se encontrara en estado de indefensión e incomunicado.
El 2 de octubre de 2014 el organismo recibió la queja en la que se exponía el caso del agraviado, quien fue detenido el 9 de marzo de 2009 en Tijuana, Baja California, por agentes de la Policía Federal, quienes lo obligaron a desplazarse sobre sus rodillas, además, junto con elementos de la Policía Estatal lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial competente 15 horas después de la detención; dieron a conocer sus datos personales y expusieron su imagen a los medios de comunicación.
En su Recomendación, la CNDH solicita al gobernador y al Comisionado Nacional de Seguridad se repare el daño la víctima, mediante compensación justa y atención psicológica; colaborar en el seguimiento de las quejas y denuncias de hechos que la CNDH formule ante las instancias correspondientes.
También deberán elaborar y presentar una iniciativa de Ley de Víctimas para la entidad, capacitar en derechos humanos a los elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Federal, para que al detener a personas en flagrancia sean puestas a disposición de la autoridad competente sin demora y no se exponga ni exhiban sus datos ante medios de comunicación.