116 organizaciones y 17 activistas presentaron ante el Senado de la República un proyecto de decreto para erradicar el arraigo del orden jurídico.
En el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” la figura del arraigo fue incorporada en el texto Constitucional en 2008, a pesar de los señalamientos de la propia Suprema Justicia de la Nación de que aquella vulneraba diversos derechos humanos.
En la iniciativa, los peticionarios demandan la derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal para eliminar el arraigo, que representa “una figura violatoria del derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso legal”.