El número de feminicidios en el estado de Oaxaca se ha incrementado en 35 por ciento en lo que va del año, lo cual resulta alarmante, advirtió el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez.
El legislador señaló que pese a la gravedad del asunto, el gobierno estatal no de la importancia debida a la problemática; aunado a que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género estatal ha reconocido el rezago e incapacidad para atender el asunto.
Martínez Neri lamentó que las autoridades tampoco tengan a disposición cifras claras sobre el asunto, sin embargo, de acuerdo a asociaciones civiles, el incremento en esos delitos en lo que va del 2017 es de 35 por ciento.
“Son las organizaciones de la sociedad civil las que han dado seguimiento y documentado el fenómeno delictivo que sigue cobrando vidas de oaxaqueñas”, recriminó.
Al señalar que es inadmisible la violencia contra las mujeres, llevada al extremo con los feminicidios, el legislador oriundo de Oaxaca hizo un reclamo a la autoridad local, que se ha mostrado tibia y omisa.
“Es urgente que las autoridades competentes fortalezcan y encaminen sus trabajos, a fin de prevenir, investigar y sancionar estos hechos; no podemos permitir que queden impunes”, recalcó.
Manifestó que en la integración de los expedientes respectivos, la autoridad debe aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.
Asimismo, solicitó, en el marco de su participación en la Comisión Permanente del Congreso, que la Fiscalía General de Oaxaca informe sobre sobre el número de denuncias por feminicidio en Oaxaca, el número de investigaciones abiertas, en cuántos casos se ha determinado el no ejercicio de la acción penal, a partir del 2012 y hasta la fecha.
Añadió que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca entregue un reporte sobre el número de órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso, autos de no vinculación a proceso y sentencias condenatorias respecto a ese ilícito que han emitido.
“Se trata de uno de los delitos más deleznables, que como sociedad no debemos permitir; es nuestra obligación implementar las acciones legales correspondientes, con el propósito de revertir esta situación y, así, garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, dijo.