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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propuso que, para garantizar la independencia plena del trabajo de los tribunales electorales, sus presupuestos puedan ser determinados de acuerdo con una cantidad fija del Producto Interno Bruto de cada entidad, o bien permitir a los magistrados estar en las deliberaciones legislativas para determinar los recursos.
En la Conferencia “Garantías de Independencia y Autonomía Financiera”, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón indicó que los Congresos locales deben incluir en la Constitución que una parte del PIB será destinado para los tribunales electorales, a fin de garantizar autonomía financiera y prevenir reducciones injustificadas o motivadas por intereses ajenos a la propia dinámica y funcionamiento de dichos órganos.
El magistrado consideró que un tribunal es “independiente en la medida en que resuelve controversias libres de cualquier control o presión que pueda provenir de otras instituciones, de otros poderes públicos o de aquellos incentivos que podrían generarse a través de quienes son parte o compiten en los procesos electorales”.
También recomendó. tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los organismos judiciales participen en las deliberaciones que se lleven a cabo en las cámaras de diputados estatales para fijar los montos presupuestales que se les deben otorgar.
Actualmente el dinero destinado a tribunales electorales queda en manos de los gobernadores locales.