La minuta del Senado de la República en materia de desaparición forzada debe avanzar en la Cámara de Diputados, con un “blindaje” para evitar que las fuerzas políticas se la adjudiquen y saquen provecho electoral de ello, cuando se trata de una propuesta de la ciudadanía, planteó el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Alejandro Ojeda.
Ojeda Anguiano subrayó que de cara al inicio del proceso electoral, existen “tentaciones” de algunos partidos políticos por “colgarse la medallita” con la normativa que no tiene como propósito satisfacer intereses particulares, sino garantizar el combate a ese flagelo.
El integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el tema debe ser prioridad en las agendas de las fracciones parlamentarias en San Lázaro, tal y como ya lo ha expresado el propio partido.
Indicó que el documento en cuestión se encuentra en análisis en comisiones y se espera que sea abordado en el periodo ordinario de sesiones que inicia este viernes 1 de septiembre.
Recalcó que los esfuerzos de la ciudadanía, por concebir e impulsar una ley que penalice e inhiba el delito de la desaparición forzada, a la que miles de ciudadanos han sido sometidos por la delincuencia organizada e incluso por orden de autoridades y gobernantes, debe tener eco en el recinto legislativo.
Subrayó que es fundamental impedir que la autoridad encargada de procurar justicia en los tres órdenes de gobierno, se convierta en el “principal obstáculo” para que esos crímenes se investiguen, se sancione a los responsables y aún más importante, las víctimas aparezcan.
El legislador de izquierda consideró que es momento de “tomarle la palabra” al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Osorio, que en días pasados conminó a los legisladores a aprobar el proyecto en cuestión.
Consideró que la minuta proveniente de Senado debe ser revisada a profundidad en San Lázaro, a fin de determinar si es necesario hacerle cambios.
Recalcó que antes de tomar una decisión, será crucial escuchar a los familiares de personas desaparecidas, a fin de que sus puntos de vista sean tomados en cuenta.
Puntualizó que será preciso analizar jurídicamente el término de “persona no localizada”, para evitar ambigüedades y que por la falta de claridad en la norma, el delito no se defina adecuadamente y se abra la puerta a la impunidad.
Asimismo, habrá que establecer puntualmente las sanciones y consecuencias para los funcionarios públicos o gobernantes involucrados en desapariciones forzadas; aunado a que deberán precisarse las responsabilidades y obligaciones del Estado para con las víctimas y sus familiares, a fin de localizar a los desaparecidos o bien, resarcir el daño.