La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, propuso eliminar la figura del arraigo en las investigaciones penales y establecer que la prisión preventiva sea ordenada sólo cuando no haya alguna otra medida para evitar que el imputado evada la justicia.
En una iniciativa, la senadora por el PRD destacó que el arraigo ha sido utilizado para privar a las personas de su libertad y conseguir información -en muchas ocasiones bajo tortura– que pueda ser utilizada en un juicio.
Señaló que, a pesar de que la Constitución establece el empleo del arraigo únicamente para delitos de delincuencia organizada, esta característica se cumple sólo en el 0.05 por ciento de las órdenes emitidas.
Angélica de la Peña detalló que entre 2008 y 2011 la cifra global de personas arraigadas fue de 6 mil 562, con un promedio anual de mil 640 personas afectadas y una tasa de incremento anual de más del 100% por año.
Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en ese mismo periodo se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas al arraigo, además de que demostró u incremento sostenido en el número de quejas contra esta figura.
La senadora perredista señaló que, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, se trata de una figura inconvencional, además de que desincentiva al Ministerio Público a realizar una investigación adecuada sobre el riesgo procesal de la persona imputada.