El nuevo sistema de justicia penal “llegó para quedarse”, pero requiere ajustes en materia de prisión preventiva, a fin de atender sus debilidades y adaptarlo a la realidad, afirmó el Secretario Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno.
Al acudir a la Cámara de Diputados a un foro sobre “justicia terapéutica” para personas que consumen sustancias psicoactivas, el funcionario señaló que el elemento a modificar, es la operación de las Unidades de Medidas Cautelares, UMECA’s.
Dichas instancias deberían estar operando en todos y cada uno de los estados de la República, pero hasta el momento no funcionan en condiciones aceptables, más que en tres entidades, alertó.
Explicó que las UMECA’s son cruciales, pues se encargan de evaluar el riesgo que representa un acusado, de posible reincidencia, causar nuevamente daño a la víctima y peligro de fuga.
Ese diagnóstico debe presentarse al juez, para que éste determine qué medidas cautelares aplicar, es decir, dictar prisión preventiva o salida bajo fianza.
Si las UMECA’s no funcionan, ahí es donde se abre la llamada “puerta giratoria”, y es por eso que se requieren tomar decisiones urgentes para resolver el problema paulatinamente, recalcó.
Como un primer paso, está incluir los delitos de portación de arma y robo de hidrocarburos en el listado de las conductas que ameritan prisión preventiva, a fin de dar un plazo razonable a las Unidades de Medidas Cautelares, para adecuar su funcionamiento.
“Ante esta debilidad lo que se requiere es considerar que los delitos de acopio y portación de armas de fuego y también los de robo de hidrocarburos, puedan merecer prisión preventiva cautelar, de manera oficiosa. Esto ayudaría a contener algunos problemas de incidencia delictiva, en tanto se fortalecen las Unidades de Medidas Cautelares”, apuntó.
Refrendó que para el Gobierno Federal no hay relación alguna entre el alza en la incidencia delictiva, con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, como algunas autoridades estatales y legisladores federales han advertido.
Incluso, refirió que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en más del nueve por ciento; mientras que la incidencia delictiva total se redujo en promedio 6 por ciento; el secuestro bajó 15 por ciento; la extorsión disminuyó 20 por ciento.
Enfatizó que esas cifras no son para “cantar victoria” y se espera que continúen a la baja, porque de acuerdo a las estadísticas, en lo últimos 20 años el número de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego se incrementó 400 por ciento.
Ello, aunado a que el fenómeno de la proliferación de armas avanza y está asociado a un número mayor de delitos como el robo, secuestro, extorsión y crimen organizado, entre otros.
Ante tal situación, insistió, es necesario que se imponga prisión preventiva al uso y acopio de armas de fuego, pero de manera racional e inteligente, para que sea, como lo prevé la norma, la excepción y no la regla.