El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que la Procuraduría General de la República (PGR) revele el número de cuentas bancarias, empresas y propiedades que aseguró al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como parte de la investigación que se le sigue.
Durante la sesión del pleno, el comisionado ponente Óscar Guerra Ford aseguró que la PGR deberá entregar, también, información de toda su red de amigos, familiares y ex servidores públicos que estén implicados en el probable desvío de fondos públicos.
Además de entregar el total del número de investigaciones abiertas contra Duarte de Ochoa así como las órdenes de aprehensión que ha obtenido la dependencia, así como de aquellas que ya fueron concretadas.
“Para el caso de Javier Duarte, mas no para los otros de los cuales se pide información, aunque hayan sido absolutorias, finalmente, se deben de entregar por la prueba de interés público que se ha hecho y la importancia que tiene este tipo de información en la rendición de cuentas en la sociedad mexicana y que permitan, evidentemente a las personas y a la sociedad, evaluar las que están en curso, las que han concluido y las que fueron también concluidas y absolutorias del actuar de las instancias competentes en ese momento.
“Creo que a nadie le cabría la menor duda, que el interés que reviste esta situación nos permite poner muy por arriba el interés que tiene la sociedad en conocer los procedimientos que se están llevando a cabo en este caso, y tendría un peso menor, por llamarlo así, en esta coalición de derechos, lo que podría ser confidencial o reservado”, comentó el comisionado.
Al analizar el recurso de revisión de un ciudadano que se inconformó con la respuesta inicial de la PGR, la cual sólo entregó boletines de prensa del tema, pero no detalló las cifras que se le solicitaron, bajo el argumento de que se trata de información confidencial y que los documentos están reservados por encontrarse dentro de una investigación abierta.
Sin embargo, en el análisis del caso Guerra Ford aseguró que, ante una prueba de interés público, se determinó que aunque se trate de una investigación en curso la PGR debe dar acceso a esta información debido a la importancia del tema.