En el marco de las fallas cometidas en la aplicación y evaluación de los resultados del examen de ingreso al bachillerato, aplicado por la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems), todos los estudiantes que realizaron dicha prueba y se quedaron sin un lugar deberían ser admitidos, exigió el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseveró que solo así, se corregirían los garrafales errores cometidos por ese organismo, de lo contrario, se confirmará que el examen en cuestión “fue todo un fraude”.
Ojeda Anguiano advirtió que lo ocurrido con el examen para el bachillerato no solo fue “un fraude”, sino que viola los derechos humanos y el derecho a la educación de miles de adolescentes y jóvenes que al quedar fuera de la escuela, se convierten en presa fácil de la delincuencia organizada y ven truncadas sus oportunidades de desarrollo.
El legislador indicó que para hacer justicia y reparar el daño, no solo los estudiantes que han solicitado someter a revisión los resultados de su examen, sino todos aquellos que se inscribieron para aplicarlo, deberían ser aceptados en alguna de las instituciones de educación media superior del país. “Esa sería la única manera de limpiar el desaseo en el proceso de selección”, dijo.
Manifestó que a su consideración, el procedimiento para examinar y admitir a los aspirantes al bachillerato de origen es excluyente, injusto e inequitativo; y si a ello se suman las evidentes fallas cometidas en esta ocasión, es necesario que las autoridades e instituciones involucradas reparen el daño cometido a miles de jóvenes que tenían la esperanza de estudiar.
Los errores cometidos, advirtió, restaron certeza y credibilidad a los exámenes aplicados por la Comipems, y no hay otro modo de corregir que dando un lugar a todos los que por esa situación y por los resultados obtenidos, fueron rechazados.
“Desde siempre hemos señalado que el proceso de selección es injusto inequitativo y excluyente. Cada año vemos a miles de jóvenes que no pueden acceder a la educación media superior y por ello las movilizaciones de rechazados. Y ahora surge la interrogante sobre cuántas veces esto ha ocurrido”, refrendó.
Lamentó el desaseo en dicho procedimiento y la respuesta insuficiente de las instituciones educativas del país, por lo que es momento de someterlo a evaluación, y si ha perdido su objetividad y certeza, hacer los cambios que sean necesarios.
Recordó que por orden constitucional, en el año 2022 el Estado deberá garantizar al 100 por ciento la cobertura en educación media superior, reto que luce difícil de alcanzar, si errores como el del examen de admisión se repiten y si el sector educativo no hace lo necesario para enmendar las fallas.